“La política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria”(Voltaire – Escritor y filósofo francés)
Por fin y en medio de profunda extrañeza por parte de muchas personas con tres dedos de frente y dos gramos de sensatez, -entre ellos reputados penalistas y connotados académicos- el Congreso de la República aprobó el proyecto de reforma constitucional que permitirá modificar el artículo 34 de la Constitución Política y aplicar la pena de prisión perpetua a asesinos y violadores de menores, la cual y luego de haber sucumbido 22 veces ante el Legislativo, en esta ocasión salió avante frente a los 8 debates reglamentarios necesarios requeridos, quedando para la firma del presidente y, lo más complejo y delicado, aprobar el examen de constitucionalidad ante la Corte Constitucional.
Este proyecto de ley conlleva dos características dentro de su proyectada aplicación, -revisable y excepcional-, es decir, que después del cumplimiento de 25 años de la sentencia efectiva intramural, el sentenciado tiene la posibilidad de solicitar la revisión de la cadena perpetua, la cual pudiera ser modificada por parte de los jueces de la república, siempre que el condenado haya procurado buen comportamiento o redimido pena por estudios y trabajo; y lo excepcional cuando el juez observe o compruebe agravantes como la sevicia o la reincidencia.
A través de todos estos años en los cuales este proyecto ha dado vueltas por el país y servido de eyector electoral para quienes lo han abanderado, siempre ha salido a flote el mismo mensaje de populismo punitivo, por cuanto seguimos creyendo que recrudeciendo las penas se minimizará el delito y, lo que es más absurdo y vergonzoso, que de esa manera se frenará el ímpetu delincuencial de esas personas que, por cualquier razón, resultan siendo responsables de estas conductas escabrosas y criticables, muchas personas piensan que de esa manera se pondrá fin a esos vejámenes sociales contra los menores de edad.
Nada más mentiroso que esta politiquera decisión, porque a través de estos años con tantas reformas al estatuto penal aumentando las penas, no se ha reducido el comportamiento delincuencial y, antes por el contrario, se ha disparado este comportamiento, en las profundidades de una sociedad excluyente basad en una injuriosa inequidad entre los integrantes de la misma, con oportunidades restringidas que terminan aislando a una gran cantidad de población joven en donde la resocialización nula.
Muchos doctrinantes han concluido que ese no es el camino facilista de aumentar las penas, sino que habrá que reducir la impunidad mediante mejores procedimientos de investigación criminal, sin desconocer que cada vez que se presenta un caso de esta naturaleza y los titulares de prensa exacerban la visión de la sociedad, aparecen los proxenetas electorales que han derivado beneficios en las urnas con este populismo punitivo.
Obviamente que esos mercenarios del voto argumentan defender y proteger los derechos de los menores, pero nadie musita palabra alguna sobre los miles de menores que deambulan por las esquinas de las ciudades colombianas pidiendo limosnas o limpiando vidrios de carros, por cuanto ellos no tienen padres y, si los tienen, estos no producen votos, y esa realidad pareciera no existir para los sucesivos gobiernos que hemos tenido.
Ahora bien, luego de los vítores que han vociferado quienes llevan años derivando votos de esta absurda realidad se esperan muchas demandas ante el máximo tribunal constitucional, cuando llegue esa reforma, porque son muchas las voces de distinguidos juristas que así lo han manifestado, máxime cuando esta reforma habrá de mirarse con el cumplimiento de postulados constitucionales como la prohibición de castigos inhumanos, el sentido de la resocialización de las penas, y la protección de la dignidad humana.