A propósito de las medidas que desarrollan e implementan los gobiernos para monitorear y controlar la propagación del Covid-19 en sus territorios, se destaca entre estas la recolección y tratamiento de información personal para el monitoreo de la propagación del virus. Si bien, el uso de nuevas tecnologías ha sido clave para actuar en tiempo real frente a la emergencia en países como Taiwán, China y Singapur, las dudas frente al alcance y manejo de la información –estructurada o no estructurada-, han propiciado que alrededor del mundo se abran debates en torno a este tipo de herramientas o como también se le conoce: Big Data.
En Colombia, la protección de datos está regulada desde 1960, a través del Decreto 1633, mediante el cual “se reconoce la reserva de datos suministrados con fines estadísticos para proteger la intimidad, el secreto comercial y la información estratégica de las personas jurídicas”. En este orden, la Constitución Política de 1991 determinó en su artículo 15: “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar [...] En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución”. Posteriormente, la Ley 1581 de 2012 dispuso el régimen general de protección de datos personales.
Pese a los avances normativos, en Colombia las dudas persisten. Esto quedó demostrado durante los últimos días con la polémica originada por la alcaldesa de Bogotá, a raíz de la obligatoriedad decretada para que la ciudadanía diligenciara información personal en la plataforma “Bogotá Cuidadora”. Esto, según la Alcaldesa, con el fin de “contar con información precisa que permita la identificación de personas contagiadas y propender por una reactivación económica segura”. Como respuesta, los cuestionamientos frente a las garantías del tratamiento y uso final de la información se elevaron, al punto en que, se produjo la derogación del carácter obligatorio de la acreditación en la App, de forma que ahora es voluntaria.
Aunque la coyuntura exige el uso de todos los recursos posibles para enfrentar la crisis, lo cierto es que como anota el viejo adagio “el diablo está en los detalles”, y en este caso, en los vacíos frente al punto final de la cadena de uso de los datos que se recogen, unas vez estos cumplen el propósito inicial. El riesgo es real y se refleja en las constantes denuncias por el uso de bases de datos con fines que no fueron autorizados y que constituyen claras violaciones de la privacidad digital. Muchas veces, estas violaciones se materializan en el perfilamiento de individuos para fines comerciales y gubernamentales, de manera que en ambos casos quedarían expuestas no solo preferencias y vulnerabilidades colectivas, sino que en algunos casos, particulares.
Un ámbito en que recurrentemente se da este tipo de violaciones, es el electoral, pese a las sanciones que implica. Sin embargo poco se indaga sobre las conexiones entre los candidatos que incurren en estas prácticas y algunos representantes de entidades públicas, quienes para fines indeterminados, suministran a sus aliados bases de datos producto de eventos y actividades propias de dicha gestión. Irregulares tratamientos como este, deben investigarse y corregirse para tranquilidad de la ciudadanía y transparencia de los procesos democráticos.
Aunque la alcaldesa logró calmar la controversia, es oportuno que la autoridad competente -SIC-, aclare al País, el alcance de las responsabilidades y límites de los gobernantes frente a la información que recaudan en este tipo de plataformas, así como los derechos de los ciudadanos frente a este tipo de cesiones.
Desde el nivel local, sería importante analizar como este tipo de herramientas dentro del marco legal, se aprovechan para el estudio socioeconómico y diseño de políticas que, contribuyan al desarrollo y competitividad del territorio. La alianza entre la academia, las entidades públicas y los sectores socio-productivos es estratégica para estos fines.