El pasado 20 de marzo la Superservicios anunció la venta de los activos de Electricaribe a las firmas, consorcio Latín America Corp y Enerpereira y a las Empresas Públicas de Medellín EPM.
Lo que en un principio se programó para dos meses como periodo de traspaso o `entrega de las llaves’ de la Superintendencia a los nuevos operadores se ha ido dilatando principalmente porque a raíz de la emergencia sanitaria la empresa ha disminuido el recaudo y el déficit de caja es cada vez mayor.
La interventora de Electricaribe en reciente debate de control político reveló al Senado de la República que el déficit de caja a cierre del año 2019 respecto al año anterior pasó de 308 mil millones de pesos a 1 billón 161 mil millones de pesos, las pérdidas de energía aumentaron en 148 mil millones y el valor por concepto de la compra de energía se incrementó en 223 mil millones de pesos.
El evidente deterioro de la salud financiera de Electricaribe del último año no fue óbice para que EPM y el Consorcio participaran en la compra. El argumento de la empresa Celsia del grupo Argos para no presentar oferta basados en inviabilidad del negocio, contrasta con las evaluaciones de los nuevos operadores quienes vieron oportunidades en un mercado en el que no obstante el 90 por ciento está compuesto por sectores de bajo nivel de desarrollo, no escatimaron la importancia de los 2.7 millones de clientes como tampoco el potencial de crecimiento de la demanda de energía del caribe colombiano.
Aparte del potencial mercado de la Costa Atlántica, los nuevos operadores encontraron muy favorable las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para atraerlos. El nuevo régimen tarifario especial que transitoriamente podrán aplicar los operadores de red, les permitirá recuperar los recursos que inviertan para el control de pérdidas de energía, adicionalmente recibirán los activos sin deudas, no tendrían que asumir el pasivo pensional por 1.3 billones de pesos y por último, encontraron financiadas las inversiones en infraestructura del primer año por 860 mil millones de pesos, recursos públicos que fueron adjudicados por la Agente Especial mediante el mecanismo de contratación directa de los cuales 735 mil millones se adjudicaron con sólo 13 contratos.
A pesar de esta serie de medidas, Electricaribe, en dos meses después de la subasta, se ha seguido deteriorando pero a una mayor velocidad producto de la emergencia, al punto que la disminución de sus ingresos tiene en alerta a sus potenciales propietarios quienes nuevamente aplazaron el recibo de las llaves puesto que con toda razón alegan que la situación de la empresa que ellos subastaron se encuentra en peores condiciones y planean esperar su recuperación ya no hasta septiembre sino hasta diciembre del 2020 con el latente peligro, como lo dijo la Agente Especial en el debate en el Senado, de que los operadores opten por retractarse del negocio.
En ese hipotético pero muy posible escenario, que mantiene en vilo a 10 millones de habitantes de nuestra región, el Gobierno Nacional tendría que seguir operando la compañía intervenida y seguir cubriendo el déficit como lo ha hecho hasta ahora pero al mismo tiempo aumentando una deuda de difícil recuperación que para el mes de abril se acercaba a los 2.5 billones de pesos. Esperemos que cualquiera sea el desenlace no se siga afectando a los usuarios del servicio de energía de la Costa.