Como vamos, vamos mal. El viernes un juez dejó en libertad, por vencimiento de términos, a Sergio David Torres, ex candidato Verde al Concejo de Bogotá, acusado de acceso carnal a un niño de trece años en al menos tres ocasiones. No hay dudas: por un lado, hay conversaciones entre el abusador y el niño, descubiertas por la madre en su celular y, por el otro, el pedófilo había grabado un video sexual explícito.
Que con tales pruebas se le haya dado libertad a semejante criminal solo demuestra que el sistema judicial es un desastre y que su reforma es urgente. Pero las cortes han frenado una y otra vez esa reforma y me temo que el presidente Duque no puede darse el lujo, con su popularidad y sin mayorías en el Congreso, de abrir un nuevo frente de batalla, con bajísimas posibilidades de éxito, y esta vez con el sistema judicial que, además, ha dado pruebas de ser sumamente rencoroso.
Tres días antes, nos enterábamos de que un juzgado de Popayán había dejado en manos de Profamilia un caso de una mujer que, con embarazo de siete meses y presionada por su familia, quería abortar. Y allá, en Profamilia asesinaron a Juan Sebastián Medina, el niño por nacer. El padre quería tener el bebé y lo había manifestado públicamente. La criatura estaba sana y su madre no tenía ningún problema físico. Las evaluaciones previas tampoco mostraban enfermedad mental. De repente, alguien en la clínica abortista dijo que la madre sufría psicológicamente y con esa excusa procedieron al aborto. Incomprensible también porque si lo que se quería era cesar el embarazo se podría haber inducido el parto y entregarle el bebé al padre. Los sietemesinos sanos y felices son innumerables.
También este caso hace patente la necesidad de la reforma al sistema de administración de justicia. Fue la Corte Constitucional la que, en contra de los tratados internacionales de derechos humanos y de la Carta Política, legalizó el aborto, sin límite de tiempo como prueba el caso de Juan Sebastián. En efecto, el pacto de San José reconoce que hay persona humana desde la concepción y protege la vida desde ese momento (art. 4: Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción). Los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia hacen parte del bloque de constitucionalidad. Y la Constitución misma dice que el derecho a la vida es “inviolable”.
Pero los magistrados de la Constitucional han decidido que sus opiniones políticas y morales son normas constitucionales, sin importar lo que en realidad dice la Constitución, la posición del Congreso o del pueblo. Puro activismo judicial. Unas minorías que decidieron que el camino para imponerle a los demás sus posiciones es arroparlas en sentencias judiciales, ilegítimas pero con apariencia de legalidad. Porque, además, en Colombia hay una amplísima mayoría ciudadana en contra del aborto.
Que las contradicciones salten a la vista tampoco importa. Esta Corte, con presidente fuertemente cuestionado y muy mala reputación y con uno de sus magistrados que propone que se permita abortar libremente hasta los tres meses de gestación, es la misma que sostiene que, por el principio de precaución, no debe haber aspersión aérea con glifosato de los narcocultivos porque, dicen, habría un riesgo para la vida humana por la posibilidad de que podría causar linfoma de No Hodgkin. Si les preocupara tanto la vida humana deberían proteger la de los no nacidos, los más débiles, los más indefensos, lo que no tienen voz, a los que ni siquiera se les puede oír el llanto. Y, en la peor de las hipótesis, si lo que alegan, contra toda evidencia científica, es que es dudoso que en esas criaturas haya vida, deberían aplicar también el principio de precaución: frente a la duda, hay que decantarse por la posibilidad de que sí estén vivos y, por tanto, protegerlos.
Pero no, la mayoría de esos magistrados prefiere cuidar los narcocultivos al mismo tiempo que apoya el aborto. Sí, como vamos, vamos mal.