En medio de las desafortunadas noticias de líderes asesinados, movilizaciones y chuzadas que, se han instituido como titulares infaltables de las portadas de medios de comunicación nacional,
La noticia fue registrada por todos los medios nacionales. Algunos medios al respecto, se tomaron el trabajo de analizar las implicaciones de esta sentencia para la economía nacional en el corto y mediano plazo, pues semejante rotulo puede impactar las opciones de inversión en el país.
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, salió al paso por parte del Gobierno Nacional y señaló que, “no existe ninguna evidencia científica ni estadística seria que así lo demuestre”. Además, exigió a la publicación, los datos técnicos que respalden los resultados presentados. Ramírez en un intento más por reducir el impacto de la encuesta, acudió al resultado del índice de percepción de la ONG Transparencia Internacional, publicado una semana después de U.S. News, y en donde Colombia ocupó el puesto 96 entre 180 países analizados. Este resultado tampoco es para estar satisfechos, pues, aunque en este índice Colombia mejora su posición en tres puestos (99/2018), la ONG advierte que el país permanece estancado en estos límites desde hace 12 años.
Más allá de la reacción de la Vicepresidenta–se entiende en su posición-, llama la atención que algunos de los principales medios de comunicación registraron con cierta extrañeza la percepción sobre nuestro país, pese a que vivimos inundados de sus noticias sobre procesos en etapa de hallazgos, investigaciones, imputaciones y dilaciones, contra quienes depositamos la confianza de administrar nuestro patrimonio público. Rara vez, sin embargo, se reporta la operación oportuna y eficiente de la justicia y de los entes de control.
En relación con lo anterior, el informe de Transparencia Internacional resalta que, “uno de los problemas del país es que no hay resultados judiciales en casos en los que la corrupción se da mediante abuso de poder y pidió que se avance en consecuencias para los ilegales, más allá de los anuncios de las autoridades”. Esta advertencia resulta grave, pues nos indica que nuestro sistema de justicia no brinda garantías y cuando la “sal se corrompe” como en este caso, el país queda sometido y sin salidas para enfrentar una de las fuentes históricas de sus peores dificultades socioeconómicas.
La corrupción en la justicia nos cuesta a los colombianos, no solo porque de nuestros impuestos sale el pago de sus costosas nóminas y recursos de trabajo, sino porque sus cuestionables actuaciones facilitan la defraudación del erario, que se estima en 50 billones de pesos anuales (informe de la Contraloría General de la Nación-2018). Este descarrío se refleja en otros sistemas como el electoral, en donde gracias a la falta de sentencias judiciales, fueron elegidos 60 alcaldes cuestionados, cuatro de ellos estaban en la cárcel al tomar posesión.
Contrario de quedarnos con el sensacionalismo de la noticia del “primer” lugar, deberíamos cuestionarnos sobre las razones de que, como sociedad nuestra lucha contra la corrupción haya sido fallida. Preguntarnos ¿qué rol hemos jugado en la decadencia de nuestro sistema social? ¿somos corruptos activos que buscan de forma fraudulenta tomar ventaja frente a otros?, quizás, ¿corruptos pasivos que toleramos con indiferencia que otros se aprovechen de nuestra confianza?, o peor, ¿somos de la clase moral emergente que, apoyamos que quienes nos gobiernan, roben pero que hagan?
¿Acaso no somos nosotros como sociedad, los que en lugar de repudiar hemos acogido como honorables nuevos ricos a todos esos funcionarios, contratistas, empresarios, juristas y ciudadanos que se enriquecen ilícitamente a expensas del bienestar colectivo?