El 27 de febrero será una fecha que quedará en la historia de nuestro país.
En ese orden de ideas, una de las consecuencias inmediatas de la crisis en la Corte -además de la pérdida de credibilidad en las instituciones- es que la justicia de nuestro país quedaría acéfala, lo que para un sector político podría interpretarse como la justificación de la conmoción interior. Lo anterior significa que, ante la imposibilidad de que la Corte se autorregule, el Presidente de la República podría decretar la conmoción y de esta manera expedir normas que “vuelvan a la normalidad” la justicia y el país.
El efecto de esto será devastador para la democracia. Otorgarle estas facultades a un Presidente elegido por un partido que ha abogado por una constituyente en la que sabemos cómo se empieza pero nunca cómo se termina. Por ejemplo, podría permitirse nuevamente la reelección presidencial, crearse una corte única y un congreso unicameral.
Se trata de una seria amenaza para Colombia y para su ordenamiento jurídico. Es una forma de constitucionalizar un dogma que destruye la institucionalidad democrática legítima, atropella a las minorías y vulnera gravemente el estado de derecho para sustituirlo por el estado de opinión o comunitario. Nada distinto al proyecto político que ha tenido desde hace décadas en el país el narcotráfico.
Es hora de que la Corte, históricamente reconocida como una “reserva moral” del país, se reivindique con el estado de derecho democrático del cual es custodia. Honorables magistrados, procedan a elegir fiscal y a suplir las vacantes. No permitan que esa corporación se convierta en un instrumento para quienes apuestan por una ruptura en nuestro sistema democrático. Es la hora de actuar con grandeza por el país.