El retorno de los brujos

La más polémica es la propuesta del Partido Conservador de revivir la inmunidad parlamentaria. La figura política que se quiere resucitar viene de los primeros sistemas parlamentarios como una protección legal de su existencia frente a los eventuales abusos del Poder Ejecutivo, cuando las funciones de control político eran ejercidas por el Legislativo.

En las democracias establecidas, esta salvaguardia especial resulta innecesaria. La inmunidad parlamentaria que busca evitarles a los congresistas la acción policiva o judicial por delitos ajenos a sus funciones públicas, llanamente, lleva a la impunidad.

La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 eliminó esta figura, y gracias a ello, la justicia ha podido actuar sin obstáculos en casos de infracciones relacionadas con las funciones de los congresistas o ajenas a ellas. Es posible que se hayan presentado algunos excesos, y que los parlamentarios acusados no han contado con el beneficio de la doble instancia, tan necesaria contra los abusos judiciales.

Pero sí que ha servido para evitar arbitrariedades de algunos parlamentarios, y el Congreso dejó de ser el refugio de personajes que eludían allá la acción judicial mediante la inmunidad parlamentaria. El rechazo a la iniciativa es absoluto y unánime. Los recientes escándalos en un Congreso tradicionalmente genuflexo y al servicio del Ejecutivo le han generado un clima totalmente desfavorable.

Menos bienvenida tiene el proyecto cuando el ponente está siendo investigado, y se sugieren posibles revanchas políticas de sectores del Congreso hacia las Altas Cortes, lo que significaría legislar en causa propia.

El proyecto del Ejecutivo de la reforma a la justicia ha calentado los ánimos en los altos poderes. Razones de peso y muy claras esgrime el ministro Vargas Lleras para promover esta iniciativa que pretende regular la necesaria herramienta de la tutela; recortar los tiempos de los procesos mientras se produce una descongestión judicial clamada a gritos; garantizar el acceso a la justicia para el ciudadano del común y la doble instancia para los parlamentarios.

Las Altas Cortes no ven con buenos ojos algunos puntos centrales del proyecto, como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, la participación de operadores judiciales privados, o la elección de los órganos de control del Estado, y en una actitud arrogante e histriónica se apresuran a plantear la intervención de organismos supranacionales al considerar que se atenta contra el fundamental equilibrio de poderes y contra la democracia misma, afirmando que se trata de una reforma para concentrar poderes en la figura presidencial.

Tampoco podemos pasar por alto los escándalos surgidos en el Poder Judicial, que son muchos y bastante feos. Por su parte, el presidente Santos sostiene que la reforma es necesaria, y que espera oír las contrapropuestas de la Rama Judicial para llegar a una reforma consensuada y verdaderamente democrática. El espíritu de la Constitución del 91 es claro en cuanto al ineludible equilibrio entre las ramas del poder.

Nada es perfecto y la experiencia demuestra a diario; la política es dinámica y cambiante, de ahí que sea necesario hacer ajustes a la justicia, El escenario natural para todas estas reformas es el Congreso; ha de existir participación activa de todos los podres en los debates, y consenso entre los intervinientes; hay que quitar de las discusiones los ánimos revanchistas y las odiosas petulancias. Sobre todo, hay que procurar un Estado justo y accesible para los colombianos, quienes lo ven distante y ajeno a sus necesidades.

El otro proyecto del Partido Conservador busca prohibir toda forma de aborto. Tema polémico en cualquier tiempo y lugar. Es menester aclarar, sin embargo, que en Colombia está prohibido, y sólo se despenalizó en 3 casos puntuales mediante sentencia de la Corte Constitucional.

En el debate del proyecto, más allá de los invocados derechos fundamentales, deben tenerse en cuenta otros aspectos como la salud pública, la bioética, las condiciones socioculturales y económicas que inducen a la práctica del aborto, el aspecto sicológico de la mujer o el tema familiar, y otros tan complicados como la objeción de conciencia de los profesionales de la salud y las instituciones claramente confesionales.

Esperemos ahora que los brujos en retorno no obnubilen a los legisladores, y que el tránsito de los proyectos en las instancias del Gobierno conduzca a los beneficios generales, y no a la satisfacción de unos pocos.