Antes, la voz de la iglesia pesaba para los colombianos.
Hasta los susurros de los curas de parroquia se hacían sentir en el ámbito nacional y la gente del común y los gobiernos acudían dándoles importancia suprema, porque “eran inspirados por la fe en Cristo y el Espíritu Santo”, aunque las opiniones de la iglesia eran muy afines con las del gobierno y en un país como el nuestro, consagrado per se al Corazón de Jesús, entre las dos instituciones siempre hubo plena armonía con predominio indiscutible y absoluto del clero, claro.
No sé qué pasó luego. La iglesia se desacreditó por sí misma y los gobiernos y la gente le dejaron de creer y de escudarse en ella. Su opinión no fue determinante para el curso de la historia patria, hasta quedar relegada a un modesto segundo o tercer plano, compitiendo tristemente con la de las demás organizaciones de la sociedad civil, que no tienen quien las oiga en regímenes antidemocráticos, que no representan, ni defienden, ni protegen, ni guardan, ni salvan a nadie. Perdió poder, capacidad de “mover montañas” con la fe y transformar destinos de la vida nacional. Fue absorbida por la cotidianidad noticiosa que se genera en escenarios provinciales y locales.
Para monseñor Darío Monsalve, arzobispo de la diócesis de Cali, “en estos momentos es necesario crear puentes que permitan romper los obstáculos en los territorios con el fin de diseñar estrategias de protección a las comunidades”. Una reacción ética normal, plausible y necesaria, frente a los acontecimientos recientes de Tacueyó, proponiendo “una mediación que facilite el dialogo entre indígenas y Gobierno que ayude a contener la ola de violencia desatada por grupos armados ilegales contra las comunidades del norte del Cauca”, que pasó totalmente desapercibida, a pesar de la claridad con la que fue expuesta por el prelado con la opinión pública como testigo.
Una situación realmente dramática, dolorosa y preocupante, que nos retrata una guerra a muerte contra inermes, contra gente únicamente armada de palos, bastones de mando, valores y tradiciones, fuerza espiritual y voluntad colectiva, salpicada con el asesinato permanente y reiterado de líderes sociales. Una guerra que hay que parar –como dice Monsalve- “con gestos arriesgados que nos permitan superar el miedo que nos impide proteger a las comunidades (…) los indígenas están abiertos al dialogo, no es que ellos rechacen al ejercito, lo que no aceptan es que la fuerza pública controle sus territorios por dentro”.
Lo dice con meridiana claridad y precisión un arzobispo, lo grita a los cuatro vientos para que lo escuche el gobierno y la gente, pero nadie, ni autoridades ni ciudadanos, oyen ya sus lamentos y ruegos, “solo a Dios implora”, porque está metiendo el dedo en la llaga y lo está moviendo adentro: “…son temas de carácter nacional, se ve con mucha preocupación el aislamiento en que está quedando el Gobierno en relación con la población colombiana y con las instituciones sociales; me parece que se han tomado unas vías equivocadas en materias internas y creo que hay que hacer un replanteamiento a fondo de la manera de gobernar”. Son contundentes sus planteamientos.
Lo dijo el Señor Obispo. No lo dije yo, un simple mortal, ni nadie con ideología marxista traído del exterior para subvertir el orden en Colombia. Lo dijo un jerarca de la Iglesia Católica, vocero del Papa Francisco y capaz de revelar que de no “haberse abandonado el hilo conductor de los Acuerdos de Paz de La Habana, los temas de tierras y sustitución de cultivos, la situación sería otra”.