"Al eviscerar los servicios públicos y reducirlos a una red de proveedores privados subcontratados hemos empezado a desmantelar el tejido social". Edmund Burke
Si tuviéramos que identificar una sola consecuencia general de la transformación intelectual que caracterizó el último tercio del siglo XX, probablemente sería el culto al sector privado y, en particular, el culto a la privatización.
Con la distribución y comercialización de energía en toda la costa norte de Colombia, la empresa Electricaribe quedó prestando el servicio público y durante todos estos años, ha demostrado ineficiencia en la prestación sin que hasta el momento haya habido contención por parte de las autoridades para ponerle freno al abuso sistemático en el Departamento de La Guajira.
Escazas dos semanas que varios gobernantes de la Costa Caribe denunciaran ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios los abusos a los que a diario son sometidos los habitantes de sus municipios, desde el gobierno nacional se le puso coto a la arbitrariedad, ordenándole presentar un plan de mejoramiento del servicio que evite el colapso social producido en esta zona del país.
El malestar reinante en los habitantes guajiros, parte de la connivencia que nuestros gobernantes -y más preocupante aún, los candidatos a elección popular por acción u omisión- han tenido, sin que se sienta una voz pública que lidere y debata acerca de la inminente bomba de tiempo social producto de las reiteradas injusticias, prestación precaria y deficiente del servicio de energía eléctrica.
Las denuncias penales y demandas civiles por los daños a los bienes fruto de los constantes cortes injustificados de energía, han venido creciendo sin que las autoridades administrativas tomen cartas en el asunto y siguiendo el ejemplo dado por los alcaldes de Santa marta, Barranquilla, Cartagena y Montería, procuren ejecutar acciones tendientes a proteger al ciudadano.
Las responsabilidades no pueden en ningún momento ser trasladadas al ente encargado de la vigilancia, mientras la ciudadanía no ve en sus dirigentes personas capaces de luchar por aquellas dificultades que en realidad aquejan a la población inerme de los embates de la posición dominante del empresario.
Es momento que las iniciativas privadas desarrollen a su vez, los principios constitucionales de responsabilidad social empresarial.
{jathumbnail off}