Cuando algunos pensaban que después del debate venía la calma, en el Magdalena ese no ha sido el caso.
En el Magdalena, ese descontento ha sido capitalizado por el grupo político que lidera el Gobernador electo, Carlos Caicedo, quién ha aprovechado el poder de las emociones en la ciudadanía y especialmente su enojo, para promover la deslegitimación de sus contendores. A pesar del discurso descalificador contra sus adversarios, el legado de 8 años que Caicedo y su grupo político dejan en el Distrito de Santa Marta, se aleja de los principios de moralidad y eficiencia en el manejo de lo público, ya que de este periodo derivaron cuestionables proyectos y procesos que están en la mira de los entes de control. Entre estos se destacan algunos hallazgos fiscales de la Contraloría General de la Nación: construcción de la Megabiblioteca ($11.402.2 millones), construcción del estadio Sierra Nevada, ($15.573.885.647), rehabilitación de la calle 22 ($3.000 millones), puestos de salud ($195 millones) y la deviación de recursos del PAE ($460 millones).
En ese orden, después de 8 años el mismo grupo entrega la ciudad con uno de los peores desempeños en el índice de desempleo (12.3%) - 23 ciudades analizadas DANE-, segunda ciudad con mayor informalidad (66,3%), quinta ciudad con mayor pobreza monetaria (33,7%) y como si fuera poco, ubicada en la décimo cuarta posición del Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) 2019, con una calificación de 4,6/10. Todo esto sin contar con que durante su periodo en el poder, no fueron capaces de generar soluciones en el corto y largo plazo para la problemática del agua en la ciudad, y que por el contrario dejan a cargo de la prestación de servicio, una empresa que con solo seis meses de creación, ya tiene un déficit de aproximadamente 22 mil millones de pesos para su operación.
La calidad de estos resultados lleva a cuestionar sobre las razones del descontento ciudadano, pues no se puede argumentar que este sea producto de los malos manejos en la gestión del desarrollo socioeconómico del territorio. Si de esto se tratara, la ciudadanía no habría visto en este grupo político una opción de cambio para mejorar.
Así las cosas y por el bien de la región, es necesario que los sectores políticos, económicos, académicos, opinión y sociedad en general, se tomen la tarea de analizar ¿cuál es la razón para que el discurso del odio haya calado en la población y por qué este no ha sido contrarrestado a pesar de que quienes lo promueven no tienen autoridad en materia de integridad y gestión pública?
Así mismo, es necesario cuestionarse en base a los antecedentes de los gobernantes electos, si estos ¿tendrán la disposición de deponer el discurso de odio que han empuñado como arma política? ¿Estarán en capacidad de resolver las problemáticas legadas y las que ellos mismos han contribuido a empeorar a través de sus cuestionables intervenciones? O simplemente ¿seguirán apelando al odio y la división de la sociedad para apalancar su proyecto político?
Ya que poco o nada se conoció sobre sus propuestas de gobierno, resulta más que oportuno preguntarles ¿Cuál es el plan y la hoja de ruta que tienen para resolver las problemáticas del territorio?