Sucedió lo que tenía que suceder y la Corte Constitucional tumbó toda la Ley de Financiamiento por problemas de trámite. Todos sabíamos que fue una ley impulsada a los trancazos y a la carrera. La Corte actuó con independencia a pesar de la presión mediática que le pusieron el Ministro de Hacienda y algunos gremios, en cabeza de McMaster.
Contrario a la hecatombe anunciada por los dos personajes antes mencionados, los mercados y las calificadores de riesgos reaccionaron con mucha tranquilidad y no le dieron importancia al tema. El gobierno ahora tiene hasta diciembre para presentar la versión dos de la nefasta ley. Hay que anotar que el presidente Duque reaccionó con toda tranquilidad, y como buen demócrata acogió sin cuestionamientos el fallo de la Corte.
Más allá de los temas legales, la realidad es que los efectos de la inexequible Ley de Financiamiento eran perversos en la economía. Es quitarle recursos a los consumidores, o capacidad de compra, para dársela al gobierno, el cual supuestamente por medio de la inversión jalonaría la economía. Generalmente, las compras de los consumidores son un mejor jalonador de la economía porque no tiene todos los desperdicios que tienen los rubros de inversión del gobierno; es decir, el porcentaje que se pierde en corrupción y gastos administrativos. Por esto la reacción tranquila del mercado.
Que el presupuesto quede desfinanciado es la mayor consecuencia de lo ocurrido, pero hay muchas formas de llenar este hueco. El tema se le dificulta al gobierno porque con una economía creciendo mediocremente, con tasa de desempleo alta y con alto endeudamiento externo el truco es mucho más complejo. Este gobierno no se caracteriza por ser precisamente creativo, así que la opción preferencial son impuestos a los consumidores y cosas por el estilo. Echa mano de la política fiscal.
Adicionalmente, el gobierno quiere promover una reforma laboral y pensional, que tiene todos los visos de ser un desastre. Lo que se ha escuchado hasta el momento favorece los intereses de los empresarios a expensas del de los empleados. La propuesta es reducir los costos laborales a los empresarios y darle un respiro a las entidades que manejan los fondos de los pensionados. En mi columna pasada trate el tema de los salarios y su impacto en la estructura de costos, y por esto no le haré ahora.
En síntesis, sumando lo uno y lo otro, no se ve por ningún lado que el gobierno y los gremios estén sentando las bases para que el país pueda crecer por encima del crecimiento mediocre que nos ha caracterizado. Ni las políticas públicas están encaminadas a darle competitividad y agilidad a nuestra economía ni los gremios ni los empresarios se sienten en condiciones de invertir en la transformación de la estructura productiva del país. Nuestros empresarios son adictos a los subsidios y las coyunturas favorables creadas artificialmente. El problema de fondo es que no creamos suficientes empresas ni las que existen crecen lo suficiente como para proveer un alivio efectivo al tema de desempleo y relacionados.
Pienso que en vez del gobierno cargarles la mano a los consumidores se la cargue a los empresarios que son los que no han estado a la altura de las circunstancias. Comenzando por una reforma al sistema bancario que es perverso para el desarrollo del país. Colombia será un país con futuro, el día que el hombre más rico del país no sea un especulador sino un empresario del sector industrial o del sector del conocimiento.
No hay la menor esperanza de que el gobierno presente un proyecto de ley corregido, así que disfruten el cuarto de hora y aprovechen las compras navideñas.