Regulador convergente para las TIC

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Escrito por:

Wilfrido De la Hoz

Wilfrido De la Hoz

Columna: Opinión

e-mail: wilfridodelahoz@gmail.com



Las  leyes 1978 del 25 de julio y la 1341 del 30 de julio de  2019, la primera  que moderniza el sector de las TIC, crea un regulador único, y la segunda, que  define principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones respectivamente, las han teñido del mismo color que han teñido otras tantas medidas de gran impacto en nuestro país.

Este ejercicio legislativo de iniciativa ejecutiva ha despertado mucha controversia entre grupos de comunicadores, opinadores, pero especialmente entre órganos de prensa y gestores de comunicaciones.

Para la gran mayoría de quienes se sienten tocados o afectados por estas leyes, les parece que ellas atropellan algunos derechos legalmente aceptados por la sociedad. Para el Ministerio de las TIC, con estas leyes trata de regular  una nueva manera de concebir la evolución de los movimientos sociales, por lo tanto es su deber o exigencia inexcusable adecuar comportamientos y goce de derechos democráticamente respetado, para lo cual con estos nuevos instrumentos legales hace un barrido de muchos preceptos dictados, pero considerados inadecuados para las circunstancias que parecieran obstaculizar la evolución de las nuevas tendencias tecnológicas.

Esta programación y desarrollo de las TIC tiene mucha similitud con el hecho de que cuando uno compra una vivienda usada, pero antes de trastearse a ella decide hacerle algunos arreglitos, los cuales consisten en tumbar paredes internas, modificar la distribución de los cuartos, cocinas, baños, remover el cielo raso, cambiar los pisos. Este despliegue de acciones no cambia el concepto de que es la misma vivienda en cuanto que está ubicada en la misma localidad, barrio y la dirección es la misma, pero mejor adecuada y produce más comodidad y bienestar para sus nuevos habitantes.

Así mismo ha hecho el Gobierno Nacional con toda esa regulación inapropiada, reglamentaria del sector de las comunicaciones que existía en Colombia a la cual estábamos sometidos a respetar. Voces tradicionalmente inconformes han promulgado la reiterada idea de demandar estas leyes, bajo el argumento de que son inconstitucionales porque ponen en riesgo la libertad de expresión y la pluralidad informativa y de contenidos; se trata de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), la Comisión Colombiana de Juristas y la Fundación Karisma. Aparecen otros medios que son reiterativamente opuestos a cualquier medida del Gobierno Nacional, entre quienes se ecuentra la revista Semana, periódico El Espectador, Caracol Televisión y otros.

En cuanto a la queja de no incluir mucho más a la sociedad civil, el Ministerio de las TIC ha informado que durante la socialización de estos proyectos participaron 1.200 asistentes, 122 representantes de la academia, 88 autoridades locales, 33 organizaciones de la sociedad civil y 134 periodistas.

Quizás, una de las medidas que ha producido mayor inquietud entre los críticos es la creación del Regulador Convergente. Este es aquel  que opera armónicamente la fusión de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) con la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC), bajo una metodología de alto contenido tecnológico, la cual indica que es más conveniente manejar televisión y telecomunicaciones conjuntamente.



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