Caribe colombiano, multidimensionalmente más pobre

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Escrito por:

Veruzka Aarón Torregrosa

Veruzka Aarón Torregrosa

Columna: Opinión

e-mail: veruzkaaaron.t@gmail.com

Twitter: @veruzkaaaron


El Pasado 12 de abril el Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dane, dio a conocer el Informe de Pobreza Multidimensional (IPM) por Departamentos, correspondiente al año 2018.
Este índice es definido por el Dane, como el método directo que evalúa los resultados de satisfacción (o no privación) que tiene un individuo respecto a ciertas características que se consideran vitales como salud, educación, empleo, entre otras. La medición indirecta evalúa la capacidad de adquisición de bienes y servicios que tienen los hogares. La medición se compone de cinco dimensiones; condiciones educativas del hogar, condiciones de niñez y juventud, salud, trabajo, acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de vivienda. Es decir, el IPM es una evaluación integral de la calidad de vida de las poblaciones.

Los resultados del Informe para el Caribe fueron nefastos. El IPM evidenció que la tasa de incidencia de la Pobreza Multidimensional de la Región, aumentó del 26,4% en el año 2016 al 33,5% en el 2018, es decir que hubo una variación del 7,1%. En el nivel nacional también se dio un incremento, en este caso del 1.8%, pasando en el mismo periodo del 17,8% al 19,6%; sin embargo como se puede apreciar, la variación fue muy inferior a lo reportado para el Caribe.

Si bien, estas cifras dan cuenta que la pobreza multidimensional en Colombia ha ido en aumento durante los últimos dos años, la variación que sufrió el Caribe no solo es la mayor entre todas las regiones como a continuación se evidencia, sino que además ésta se aleja ostensiblemente de la tasa nacional; Oriental (-0.4%), Central (1.0%), Pacifica (0.1%) sin incluir el Valle del Cauca, Bogotá (-1.6%), Valle del Cauca (1.6%) y Antioquia (2.0%).

Estos resultados no pueden sino considerarse como una vergüenza regional, la cual los Departamentos que la conforman están obligados a compartir; sin embargo cabe aclarar que los “aportes” de cada uno de estos a la pobreza Nacional, varían significativamente entre sí, como se puede observar: La Guajira (51,4%), Magdalena (38,6%), Cesar (33.2%), Bolívar (32,4%), Córdoba (36,7), Sucre con 30,9%, del Atlántico (20.1%) y San Andrés y Providencia (8,9%).

Este informe y sus resultados, deberían ser un tema de debate profundo para la clase política, gobernantes, academia, generadores de opinión, agremiaciones y ciudadanía en general, ya que estos son definitivamente lamentables para nuestra Región, al ubicarnos en la deshonrosa última posición entre todas las regiones de Colombia.

Más allá del posicionamiento desfavorable, lo que implican estos resultados es que la calidad de vida de los habitantes del Caribe se ha visto sustancialmente desmejorada; ahora tenemos los pobres de antes, los de siempre y los nuevos. Ante este escenario se derivan varias inquietudes; ¿el aumento de la tasa de incidencia de la pobreza multidimensional es el resultado de las políticas implementadas desde el orden nacional y local? ¿Ha habido inacción por parte de los gobiernos para avanzar en la satisfacción de necesidades de sus poblaciones? ¿Estamos los ciudadanos eligiendo los gobernantes idóneos para gestionar el desarrollo de nuestras regiones?

Es oportuno que frente al periodo de cierre de administraciones que se aproxima, los gobernantes de turno en la región, rindan cuentas claras de sus resultados y responsabilidades, no sólo en lo que respecta al diseño e implementación de políticas públicas, sino a los recursos que allí se invirtieron erráticamente. Que se ahorren las mediáticas rendiciones de cuentas y los discursos populistas de la plaza pública, que no aparezcan con los ya habituales e inexplicables sobrados porcentajes de ejecución de los Planes de Desarrollo, mientras los habitantes agonizan en su aplastante pobreza, porque esas estrategias de marketing político, claudican ante esta cruda realidad.

Como ciudadanos debemos hacer de esta crisis socioeconómica regional, un punto de inflexión para analizar nuestra responsabilidad como electores de cara al futuro; ya que los gobernantes que tenemos, son elegidos por nosotros. No permitamos que se desvíe nuestra atención sobre los problemas fundamentales de ciudad, departamento y región; servicios públicos, salud, educación, vías, entre otros. Pongamos fin a la superficialidad de las inversiones públicas, que sobreponen lo estético a lo funcional.