En estos momentos de finalización del año, la mayoría de los ciudadanos mediados por la tradición, que implica compartir en familia, preparar comidas especiales, visitar a familiares, viajar, etc.
Así también, algunos se proyectan metas para el próximo año como por ejemplo empleo, estudio y aumento de ingresos. Sin embargo, frente a este último tema se ha vuelto reiterativo y ridículo a mi parecer, observar cómo empresarios, gobierno y el gremio de los trabajadores crean una supuesta mesa de negociación año tras año con unos porcentajes previamente discutidos desde cada instancia, pero al final, luego de almuerzos, cenas y vinos siempre es el mismo resultado.
Sin dejar de lado la importancia de fin de año y todas las celebraciones que de ello se deriva en el mayor de los casos, vale la pena proponer a través de esta columna las implicaciones que tendría la ley de financiamiento propuesta por el presidente Duque en el aumento de los gastos para las familias colombianas. Para ello me baso en un artículo publicado por la Revista Portafolio el 1 de noviembre del año en curso. Allí se nos presenta un análisis desde algunos expertos en el tema, que nos permite asumir una postura crítica, además reflexiva frente las repercusiones de la aprobación de esta ley, principalmente para los ciudadanos de clase media y baja del país.
Por otra parte, el título de la columna implica poner en evidencia que la negociación del salario mínimo en relación con la propuesta de ley de financiamiento primero es una “ofensa, grosería” al trabajador colombiano a la vez que, representa una especie de sutileza para “ajustar” el presupuesto nacional a costa del empleado, salvaguardando las empresas y el sector financiero del país. Para esto hacemos referencia del artículo en mención donde a través de un experto en el tema sustenta nuestra percepción: “al revisar estas cifras y el texto de la Ley de Financiamiento, para que los colombianos puedan adquirir los mismos productos después de la reforma necesitarían ingresos cercanos a 807.524 pesos, lo que se traduce en un aumento del 3,36%. “Al añadirle a este valor la inflación, que se estima en un 3,3%, aumentaría el costo de la canasta familiar un 6,77%” (Revista Portafolio).
Como observamos, la ley de financiamiento promete una reducción de puntos porcentuales al IVA, pero paradójicamente incluye a otros artículos que no tenían impuesto, lo cual hace que el gasto del trabajador aumente, allí está presente el envés de la negociación del aumento del salario para este año.
También Javier Cárdenas citado por la Revista referenciada arguye que “Técnicamente se podría prever una afectación a la demanda de la economía en bajas proporciones, por cuanto dentro del total del gasto de una familia tan solo el 16% es en alimentos. Es por lo anterior que el incremento del salario mínimo tendrá un papel fundamental para que el bolsillo de los colombianos no se vea tan afectado” (Revista Portafolio).
Pero, pese al vaticinio de lo que significaría la ley de financiamiento para los hogares colombianos de clases media y bajas, ya el gobierno y empresarios muestran que solo es posible el aumento del 4 % para el 2019, lo cual de acuerdo a las referencias consultadas generaría más endeudamiento, más insatisfacción de necesidades básicas, además de aumento de pobreza en los sectores más vulnerables.
De acuerdo a lo que hemos expresado, podemos concluir que la ley de financiamiento propuesta por el presidente Duque, junto con su oferta del aumento de salario mínimo para el 2019, estaría provocando una crisis económica, ratificando aquella cifra vergonzosa de ser Colombia el tercer país más desigual en el mundo, además nos llevaría a una reformulación económica que ocasionaría más violencia, más desigualdad social, más marginalidad.