Cuando se inició la era Uribe, lo primero que hizo el ministro de entonces, Fernando Londoño Hoyos, fue ajustar con todos los requerimientos la extinción de dominio, pues desde allí se establecería la que sería la columna vertebral del gobierno de la Seguridad Democrática.
Primero hizo su arribo el ex fiscal Mario Iguarán con el combustible que le proporcionó el senador vargasllerista Javier Cáceres, en un debate a Plazas Vega, derrumbando la extinción de dominio, pues posteriormente, desde esa oficina (de la que estaba encargado Iguarán) pasó a ser cabeza de la Fiscalía el hoy embajador en Egipto, designado -paradójicamente- por el entonces presidente Uribe.
Empieza el derrumbe: desde la propia Fiscalía lo sacrificaron todo. Sacaron de sus cargos a personas allegadas al ex ministro Londoño y al coronel Plazas. Luego llegaron a la DNE Albornoz y Figueroa, quienes interpretaron desde sus atriles la partitura de Iguarán y Sabas con el consentimiento casi unánime del partido Conservador, agencia política convertida a la sazón en administradora de los bienes del narcotráfico y del placer.
Mientras el conservatismo administraba los moteles (o sea que se encargaba de repartir agua, toalla y jabón chiquito), los liberales los disfrutaban a plenitud. Así estaban las cosas hasta el jueves, cuando empezó a airearse en todos los medios el revolcón a la extinción de dominio.
Las normas están incluidas en la Ley de Seguridad Ciudadana: lo que antes tardaba años, ahora se hace en tres meses. La almendra del caso es que un conflicto por extinción de dominio está convertido en una guerra jurídica con demoras, demoras y más demoras.
Consecuencias muy serias: por cuenta de todo lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, en asocio con la temida DEA, ha tomado cartas en el asunto y ha llamado de manera individual a dieciocho políticos, entre congresistas y ex congresistas (diez de ellos de filiación conservadora) a que respondan primero que todo por tráfico de influencias, pero el caso ha dado un vuelco inquietante, espectacular, que les permite a los instructores del caso estudiar la posibilidad de llevar la investigación a un concierto para delinquir que conlleva imputaciones tan serias como lavado de activos y narcotráfico, delitos que podrían desembocar, a la postre, en algunas extradiciones.
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