En la madrugada del jueves 20 de septiembre, se abrió una herida en la tierra en Yarumal (Antioquia). Tres geólogos de la canadiense Continental Gold fueron asesinados. Tres jóvenes profesionales, estudiosos y dedicados que simplemente estaban haciendo su trabajo en una región donde aún no ha llegado la paz. Henry Mauricio Martínez, Camilo Andrés Tirado y Laura Alejandra Flórez son Colombia. Tres “niños” que aún estaban empezando a vivir, a trabajar y a buscarse su espacio en el mundo. Tres profesionales que pierde la comunidad y el país. Tres hijos que pierden tres familias colombianas. ¡Qué dolor tan grande! Aún no se sabe si los asesinos son disidencias de las FARC o el llamado Clan del Golfo.
Al efecto del traumático suceso, da lo mismo. Finalmente, se trata de terroristas al margen de la ley que las autoridades no han podido controlar y llevar ante la justicia. Lo cierto es que un país para prosperar requiere del más sencillo de los valores democráticos: seguridad. Este valor es absolutamente indispensable para que las empresas hagan negocios y prosperen. Es la forma de generar empleos y usar el recurso más valioso de un país, que no es más que sus gentes.
De nada sirve invertir cuantiosas sumas en educación de la más alta calidad, en sectores tan importantes para el país como el minero-energético, si los profesionales no pueden trabajar en paz, con tranquilidad y con seguridad. Nadie querrá ir a los sitios recónditos del país, donde están los recursos naturales necesarios para mejorar las finanzas públicas, paguen lo que paguen, si existe el más mínimo atisbo de inseguridad.
Lo más insólito respecto al caso de estos tres brillantes jóvenes es que días antes se había presentado el asesinato de otro trabajador de la empresa. Como resultado se habían suspendido los trabajos y, sin aparentemente haberse mejorado la seguridad, se reiniciaron labores. También se había manifestado temor e inseguridad por parte de algunos de los trabajadores a sus familias, no se sabe si a la empresa, al haber recibido algunas amenazas. Comentaban incluso que en la zona unos disidentes de las Farc seguían mandando y extorsionando.
El presunto asesino es en realidad un disidente de alias “Cabuyo”. Cabe resaltar el especial interés de la zona de Yarumal, dada cuenta el negocio de la coca, la minería ilegal y por ser parte de un corredor estratégico de movilización de dichos productos ilegales. Igualmente, se presenta en dicha zona un fuego cruzado entre “Cabuyo” y el Clan del Golfo, precisamente por el control de la misma. Se ha podido establecer, sin embargo, que el primer empleado fue asesinado por dicho clan. La situación es por lo tanto insostenible. Las autoridades deben hacer todo aquello en sus manos para esclarecer lo sucedido y judicializar a los responsables.
De igual forma, el Estado debe garantizar la seguridad de los empleados y las empresas con operaciones en zonas de anomalía en el orden público. No habrá prosperidad y un país de “leche y miel”, de todos y para todos, si el Estado no cumple con el deber básico de garantizar la vida, la honra y los bienes de todos los ciudadanos. La tarea de este Gobierno es titánica y, como primer deber, en el primer año de gobierno, tendrá que recomponer el ambiente de seguridad. “Cabuyo”, con su actuar, dejó a Colombia herida y con dolor.