Muchos colombianos medio entendemos que dentro de nuestro país hay otros dos países que están debilitando la institucionalidad u obstaculizando la aplicación de la justicia tal como debe ser.
Lo anterior se predica por las acciones que percibimos los ciudadanos como si estuviéramos viviendo, conjuntamente, en la República de Colombia, la República de los Indígenas y la República de las Farc.
En la República de las Farc, todos sabemos lo que está sucediendo con la JEP, las curules en el Congreso, el proceso para extraditar a Santrich y todo lo relacionado con el acuerdo de paz. En la República de los Indígenas, sus ciudadanos pueden hacer lo que les dé la gana, sin que nuestras autoridades puedan tomar medidas, porque parece que ellos tienen otra constitución. Por ejemplo; de acuerdo con nuestra Constitución y Leyes está prohibido cerrar las vías y obstaculizar el tráfico en las carreteras, pero las mingas de los indígenas lo hacen cada vez que les da la gana y no se pueden judicializar porque ellos tienen otra constitución.
Tal parece que para los indígenas, los máximos castigos son meterlos, hasta la rodilla, en un tanque con agua, darle tres azotes y hacerlos beber una totuma con pócima de chicha. Si por alguna circunstancia llega un piquete del ejército a la minga, entonces capturan al oficial, le quitan el fusil y lo entregan a su guardia indígena, para que lo juzgue y lo torture.
Por lo anterior, nos cuesta aceptar que las autoridades legítimamente constituidas tengan que enfrentar tantas barreras jurídicas. De la misma manera se está desarrollando el movimiento de los negros o afrodescendientes, acompañados por los que se hacen llamar campesinos. Sabemos que en Colombia hay menos de 3.5 millones de indígenas y 12.5 millones de negros.
De acuerdo con un informe elaborado por Colombiacheck, con datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Incoder y Parques Nacionales, la tierra rural colombiana se encuentra distribuida caóticamente. Nuestra Nación ha reconocido legalmente los resguardos, pero no lo ha hecho así con algunos territorios y ocupaciones tradicionales que los pueblos indígenas reivindican. El Resguardo es la figura territorial y jurídica para los pueblos indígenas de Colombia. Los Consejos Comunitarios son la tierra de los afrocolombianos y Las Zonas de Reserva son el área territorial de los campesinos.
Las reservas campesinas se instauraron en 1994, como un instrumento de reforma agraria. En 1996 se reglamentó la Ley 160, que es la Ley de Tierras de Colombia. Actualmente hay seis reservas campesinas, con un total de 811 millones de hectáreas.
Actualmente se presentan contradicciones ideológicas que contradicen la posesión de la tierra, pues las cifras son las siguientes:
Tierra Continental 114.174.800 Hectáreas
Total área marina en el Pacífico 27.000.000 Hectáreas
Total área marina en el Atlántico 65.800.000 Hectáreas
Área registrada a indígenas y negros 35.965.062 Hectáreas
Área en manos de propietarios privados 45.000.000 Hectáreas
Área en resguardos Indígenas 31.000.000 Hectáreas
Área de zonas protegidas (parques) 12.600.000 Hectáreas
Área de consejos comunitarios negros 5.200.000 Hectáreas
Área de reservas campesinas 811.000.000 Hectáreas
Como se puede observar en la distribución anterior, las áreas marinas están a merced de los países vecinos nuestros; existe tierra para muchos pero aun así el Presidente de la República en las negociaciones con los señores de las Farc consideraron que hay que hacer una distribución más equitativa.; tal como quedó suscrito en los acuerdos de paz.