En el escenario local los ánimos están calientes, y por esto es necesario llamar a la prudencia a todos los actores del conflicto. Es evidente que la confrontación política en el Magdalena tomó un cariz peligroso e indeseable.
Las acusaciones mutuas son espeluznantes: intentos de homicidios, acusaciones falsas, compras de testigos y también de funcionarios. De ser ciertas las sindicaciones, estaríamos frente a una pugna entre bandas delincuenciales y mafiosas que quieren apropiarse de lo público. No estaríamos hablando de personas de bien sino de mal.
El odio y la polarización que flotan en el ambiente lo está sintiendo la ciudadanía y está impactando el normal discurrir de la sociedad samaria. Muy seguramente también está afectando la administración tanto departamental como distrital. Ojalá no se llegué a las vías de hecho y suceda lo impensable e indeseable.
Ambos lados deberían hacer una pausa y reflexionar sobre la manera que están actuando. Todos ellos, como líderes de la comunidad deben dar ejemplo. Quizás sería conveniente enlistar los servicios de mediadores, de componedores para que presten sus buenos oficios y así lograr que las partes alcancen un entendimiento común. Necesariamente tienen que existir puntos de encuentro entre ambos lados desde donde se pueda comenzar a construir una agenda común que beneficie a toda la ciudadanía. Los desacuerdos y las diferencias de opiniones deben tramitarse civilizadamente. La violencia y la calumnia no tienen cabida en el ejercicio honesto de la política, y bajo ninguna circunstancia los ciudadanos podemos permitir que la degradación sea tal, que la política que se está haciendo en el Magdalena en pleno siglo veintiuno no sea más que un colectivo de prácticas delincuenciales ante la mirada complaciente de las autoridades.
Es cierto que lo que está sucediendo a nivel local es simplemente el reflejo de lo que está sucediendo a nivel nacional, en donde el debate político entre los partidos y candidatos no ha sido civilizado un solo día desde que comenzó. Recientemente los candidatos firmaron un pacto para hacer un debate civilizado, pero puede que sea tarde ya. La llamas del odio y la polarización atizada por todos ha hecho que la conflagración resultante amenace con quemarnos a todos y llevarse al país por delante. Algo grave puede pasar en el momento menos pensado, y precisamente cuando los ánimos están más alterados.
En las noticias mostraron a un supuesto cubano que dizque pertenece a ISIS y que tenía como propósito asesinar a Petro y a Timochenko, y olímpicamente acusó a Uribe. Es claro que es una persona con problemas mentales, o enviado por el régimen de Maduro a enturbiar las aguas.
Continuando, es reprochable desde todo punto de vista los ataques que recibió el expresidente Uribe en su visita a la UCC. Lanzar acusaciones temerarias y eludir el debate no es un comportamiento democrático y mucho menos el comportamiento esperado de jóvenes universitarios que están formándose. Es lamentable que la intransigencia a priori los haya privado de la oportunidad de expandir sus horizontes mentales.
Peor aún, al momento de escribir estas líneas, se dio a conocer a la opinión pública un plan para asesinar al candidato Duque. Aunque se haya conjurado el peligro por el momento, estamos frente a un fenómeno que se creía superado desde los magnicidios de Galán y Gómez Hurtado.
Pero volviendo a lo local, los ciudadanos podemos jugar un papel importante en desarmar los ánimos. Primero, no sirviéndole de caja de resonancia ni al odio ni a la calumnia, y segundo exigiendo que los medios de comunicación se comporten de igual manera. No todos, pero algunos medios, han tomado partido y contribuido a incendiar el vecindario. La defensa de lo considerado propio, cuando realmente es público, y la administración de odios, nos ha hecho perder la perspectiva del bien común, del bien mayor. La intransigencia ha usurpado a la tolerancia, y la pita está tan tensa, que puede reventarse sin dar aviso. Paremos antes de que suceda algo lamentable.
Nada de lo que pueda lograrse en lo político o económico justifica la pérdida de vidas humanas ni la destrucción de familias. Un ser querido en la tumba o en la cárcel es un precio demasiado alto a pagar por culpa de una ambición desmedida.