Escrito por:
Tulio Ramos Mancilla
Columna: Toma de Posiciones
e-mail: tramosmancilla@hotmail.com
Twitter: @TulioRamosM
Dentro de las diversas formas asociativas de la economía solidaria destacan, dada su importancia dentro del sector (el 51% está formado por cooperativas de trabajo asociado -CTA-), las cooperativas de trabajo asociado, las cuales, en un principio, fueron creadas para favorecer a los trabajadores, ya que se entendía que, por medio de sus aportes de trabajo y la repartición de los respectivos beneficios, se les generaba a aquellos una condición ventajosa en términos de empleo, puesto que les era más fácil ubicarse por medio de la cooperación que a través de una relación de subordinación laboral. Sin embargo, este fin se pervirtió, pues se desdibujó su objetivo en el sentido de que se desmejoró la calidad del trabajo, toda vez que si bien los asociados a una cooperativa tienen acceso a fuentes de empleo, este se presta muchas veces bajo condiciones que se apartan del espíritu de la ley laboral, que propende la protección del trabajador.
Hay que decir, a propósito de lo anterior, que tanto la tercerización laboral como la omisión en el pago de la carga prestacional que algunas cooperativas de trabajo asociado han generado, son la consecuencia de un progresivo proceso de defraudación a la ley del trabajo, como quiera que el fin de la misma no se ha cumplido cabalmente, ni por la ciudadanía, ni por la institucionalidad encargada de ello. No obstante, con ocasión de la reciente exigencia que el Gobierno colombiano ha recibido por parte de los Estados Unidos, en relación con el condicionamiento de la ratificación del Tratado de Libre Comercio -TLC- a la eliminación inmediata de las CTA (pues tal supresión estaba prevista en la ley 1429 de 2010 para junio de 2013), puedo afirmar que tal medida iría en contra de las políticas de generación y formalización de empleo, además de perjudicar la reducción de la pobreza, pues gran parte de los cooperados está entre la población vulnerable de nuestro país.
Lo anterior, también como reflexión frente a las noticias referentes a Saludcoop, cuya inmundicia, al igual que la de muchos que hacen negocio a través de las fachadas cooperativas, no debe empañar la gran labor de la solidaridad en el ámbito empresarial, que en realidad es mucho más que eso: es una filosofía de vida.
En conclusión, la propuesta es que, contrario a la exigencia del gobierno de los Estados Unidos para la ratificación del TLC, y a la propia disposición de la ley 1429 de 2010, las cooperativas de trabajo asociado no desaparezcan, dadas las ventajas sociales y económicas ya referidas; pero, sumado a esto, hay que insistir en que la condición para que esto se diera, tendría que ser, necesariamente, que todo el marco normativo regulador del sector solidario fuere reorganizado y, así, estructurado nuevamente con base en los lineamientos de política pública que para tal efecto se han diseñado en diferentes escenarios, resaltando principalmente, por supuesto, el Documento Conpes 3639 de 2010, dada su importancia.
No deben desaparecer, entonces, las cooperativas de trabajo asociado, sino, por el contrario, deben fortalecerse, modernizándose y democratizándose, al igual que todo el sector solidario en general, y en ese tenor, se deben impulsar las demás formas asociativas de la economía solidaria, para que así este sector se consolide, en lugar de tener pagar por las culpas de los vivos de siempre.