Estas proféticas palabras del honorable Representante alias “Jesús Santrich”, ilustran de manera contundente y cierta lo que está pasando en Colombia.
El Acuerdo de Paz y su implementación normativa pueden dar lugar a interpretaciones, por lo que a la fecha la opinión pública no sabe con certeza el camino que seguirá el suceso delictivo del ilustre representante.
El asunto de Santrich, sin embargo, debe ser analizado desde dos puntos de vista: uno político y otro jurídico. Desde el punto de vista político no hay duda de que las Farc, específicamente Santrich, con su conducta delictiva, cometida después de la firma del Acuerdo, están destrozando la esencia del mismo.
No se trata del incumpliendo de una u otra provisión, sino que ante la opinión pública la credibilidad y sinceridad de las Farc en su compromiso de paz fue arrojada a la basura. Con lo que está pasando, además, se reivindican y hacen evidentes todos los reparos que se hicieron en su momento por parte del Centro Democrático y otros promotores del “NO”.
Lo cierto es que Santrich, y no se sabe quiénes otros de los cabecillas y las propias bases de las Farc, no tienen intenciones reales de paz, sino que quieren combinar las formas de lucha y seguir financiados con el narcotráfico, de manera que, dentro de la institucionalidad, puedan llegar al poder y hacerla “trizas” a la primera oportunidad.
Desde el punto de vista jurídico podrían darse varias interpretaciones, pero solo un camino jurídicamente sustentable. Si la idea es “tirarle un salvavidas” a Santrich, sin reales sustentos jurídicos para así evitar la extradición, el país y el proceso de paz pierden, dándole un puntillazo final al mismo y a las instituciones.
Lo que preocupa es que el Gobierno Santos, mediante el uso del poder y la presión institucional y mediática, consecuente con su reiterada conducta de favorecer a las Farc e implementar el acuerdo a cualquier costo, manejará la situación para “tirarle un salvavidas” a Santrich. En este sentido, hay ciertos parámetros jurídicos para resolver el asunto.
En primer lugar, nadie está por encima de la ley. Santrich no puede cometer nuevos ilícitos y salirse con la suya. En segundo lugar, se debe respetar el debido proceso.
Así, la JEP, a la cual se sometió de manera voluntaria Santrich, deberá constatar la fecha en la cual se cometieron los hechos del supuesto ilícito. No se trata de saber si hubo o no un ilícito o si se trató de un montaje u operación encubierta ilícita o lícita o si hubo un “atrapamiento” ilegal o si se obtuvieron pruebas de manera irregular, etc.
La JEP solamente deberá constatar la fecha de la ocurrencia de los hechos. Una vez surtido este leguleyo paso, pero parte del debido proceso creado por los negociadores de las Farc, precisamente para poner palos en la rueda, el expediente pasará a la justicia ordinaria.
Así, los abogados de Santrich se inventarán toda suerte de argumentos jurídicos para tratar de que se analice por parte de la JEP el fondo del asunto como parte de la determinación de la fecha de ocurrencia de los hechos, es decir, si se cometió o no un ilícito, la suficiencia de las pruebas y su legalidad, la tesis del delito continuado y el atrapamiento indebido, etc., y lograr el cierre del proceso en la misma JEP.
Si por algún milagro el expediente es remitido a la Corte Suprema, se deberá determinar de su parte si procede o no la extradición. En esa instancia, nuevamente, se surtirá, ahí sí, un debido proceso institucional y maduro, en el que la Corte Suprema cuenta con la competencia para revisar la suficiencia jurídica de la extradición.
Si no procede la extradición o si procede, pero la niega el Presidente, la justicia ordinaría deberá procesar a Santrich, no solo por el nuevo delito, sino por los anteriores, perdiendo todos los beneficios del Acuerdo. Esperemos que la institucionalidad, la poca que nos dejaron, funcione y no se ahogue lo de Santrich en la JEP. Quizás, quizás, quizás.