Doscientos ochenta y dos líderes sociales fueron asesinados en los últimos quince meses en Colombia, según datos de la Defensoría del Pueblo.
Una cifra de horror para los “tiempos de paz” que se supone vivimos desde que se firmó el acuerdo con las FARC, para ponerle fin al conflicto armado de más de cincuenta años. Un asesinato de un dirigente popular, campesino o indígena cada dos días, 15 cada mes y, sin excepción, todos en la más absurda impunidad. Mueren dejando una inmensa estela de dolor y de terror en sus familias y comunidades, sin que nadie, ni siquiera los grupos encargados de sentenciarles la muerte, se reclame su autoría.
Son hombres y mujeres de paz. Son reconocidos defensores de los intereses ciudadanos, del medio ambiente y de los derechos humanos en sus territorios. No son los que el Ministro Villegas dice que son: peleadores callejeros, de faldas y de herencias. Son personas de bien que decidieron entregar su vida a la búsqueda de soluciones para los más necesitados en sus barrios, caseríos, corregimientos, cabildos y municipios. Ejercen su ciudadanía al margen de organizaciones armadas, partidos y religiones. Su indefensión y exposición al riesgo por amenazas y asesinatos es por tanto, evidente. No hay quien los cuide ni los proteja, a menos que no sean las mismas comunidades a las que ofrecen su constante y arduo trabajo.
En Colombia, el pasado siniestro contra la participación y la organización ciudadanas consagradas en nuestra Carta Constitucional nos marcó así como el miedo se incrustó en las entrañas de nuestros derechos a pensar, a disentir y a actuar en favor nuestro. Cuando no se acalló la protesta a través de la más brutal represión y se difamó y se persiguió a sus dirigentes hasta desaparecerlos y ultimarlos, el silencio y la impunidad se convidaron para que no quedara el menor rastro de quienes, como actores intelectuales o materiales, procedieron en su contra. Las “fuerzas oscuras” fueron para el establecimiento las causantes de este atropello a nuestra integridad física y moral y a nuestra libertad.
Cuarenta y uno en el Cauca, treinta y uno en Nariño y veintiocho en Antioquia para comenzar y “crece la audiencia”. En el Valle del Cauca, Chocó, Córdoba, Putumayo, Meta, Norte de Santander, Arauca, Cesar y Sucre fueron asesinados más de cien entre diciembre de 2016 y marzo de 2018. Las causas, registra un estudio de INDEPAZ, que quienes fueron asesinados “realizaban en sus comunidades acciones diversas relacionadas con la reivindicación de derechos como la defensa del territorio y del ambiente, la promoción de la participación y la organización comunitarias, la demanda o restitución de tierras, los procesos de paz o, desarrollaban actividades de oposición a proyectos minero-energéticos ilegales”. Es decir, se estaban defendiendo y nos estaban defendiendo de la depredación ominosa de nuestros recursos naturales, de la anomia social que nos somete y del pillaje que nos arruina.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación, contrastando sus cuentas con las de Naciones Unidas, apenas ha documentado 143 casos, de los cuales 69 han avanzado mediocremente y los 74 restantes están en indagación preliminar con órdenes policiales vigentes, según pude leer en documento oficial. Sin embargo, el Defensor del Pueblo, Doctor Negret, insiste en decir que no hay impunidad, aunque sólo se han proferido diez condenas, al tiempo que reclama que “…no puede haber ni un líder social o defensor de derechos humanos más asesinado en Colombia, y reitera, la obligación del Gobierno Nacional de reforzar su seguridad y garantizar la labor que ellos realizan”. ¿Quién entiende?