Aprobatón o pistolatón

Columnas de Opinión
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Escrito por:

Carlos Escobar de Andreis

Carlos Escobar de Andreis

Columna: Opinión

e-mail: calli51@hotmail.com


A diferencia del grupo de gobernadores y alcaldes de la Costa Caribe reunidos en Santa Marta el pasado 5 de junio, a Dilia Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, le “tocó sola” fraguar la situación que se vivió el mes anterior en el Puerto de Buenaventura. Bueno, es un decir, porque finalmente fue necesaria la participación de los miembros de la comisión que designara el Gobierno Nacional y la mediación del señor Procurador, después de 21 días de paro ininterrumpido.


Como producto de la persistente protesta o “vía de hecho”, los bonaverenses le arrancaron al Presidente la bicoca de 1,5 billones de pesos, que serán puntualmente invertidos a través del Fondo Autónomo de Buenaventura en alcantarillado y agua potable, salud, educación, vivienda, infraestructura, cultura, deporte y acceso a la justicia. Puede decirse que “salieron bien librados”. Ellos sabían lo que querían, aunque ahora deban esperar que se cumpla lo pactado.

Mientras tanto, tres mandatarios seccionales (el 37,5% de los gobernadores) y 60 alcaldes (el 34,0% de los gobernantes locales) de la región Caribe, “declarados -como dice Eduardo Verano De La Rosa- en rebeldía ante la falta de celeridad por parte de las entidades del orden nacional”, por la vía del derecho, sin saber cuál será su suerte, deberán aguardar -sin cese de actividades, ni quemas de llantas ni tomas callejeras- hasta la cita del próximo 16 de junio en Cartagena, para ver si el Consejo de Ministros y el Presidente les aprueban o no los 2,7 billones de pesos que les estarán solicitando, sólo para invertir en la mitigación del riesgo ocasionado por las lluvias y el desbordamiento de los ríos Cauca, Sinú y Magdalena.

Todo parece indicar que esta iniciativa es idea de los gobernantes costeños (no  inspirada en lo de Buenaventura y Quibdó), reunidos previamente en El Banco (Magdalena) que, hastiados por el centralismo “que les exige orden y organización”, optaron por ejercer una presión “moderada” para conseguir que les sean trasladados recursos que les permitan atender las necesidades de sus poblaciones, debidamente presentadas como “proyectos ordenados y organizados” a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, al Departamento de la Prosperidad Social (DPS), al Sistema General de Regalías (SGR) que “tiene un guardado de 10 billones de pesos” según Verano, al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y a Cormagdalena.

Son -dicen los registros periodísticos- 488 proyectos de los de siempre, de esos que no “dejan correr las aguas que no has de beber”, sino que las retienen, que no apuntan a resolver la raíz del problema (desviación de cauces, contaminación por vertimientos y sedimentación, deforestación de riberas, ocupación ilegal de rondas de protección, etc.), o sea: muros de contención, diques para control de inundaciones, canalización de arroyos, muros para estabilización de taludes, sistemas de alertas tempranas y dotación de los centros de operación de emergencias; de los cuales 220 (45,08%) pertenecen al departamento del Atlántico, por la suma de 1,7 billones de pesos que son el 62,96% del total a solicitar.

Los gobernadores de Bolívar, Atlántico y Magdalena calificaron este encuentro como “una mesa de trabajo que describe muy bien el orgullo Caribe (...) que trabajarán de manera articulada para afinar los detalles de estos proyectos con la finalidad de no postergar su aprobación” y, dejando pendiente, con los alcaldes de las ciudades capitales (Cartagena, Barranquilla y Santa Marta que no aparecieron), exigir (ojalá sin tener que recurrir al paro cívico) al Gobierno Nacional la financiación de proyectos de interés común de los tres departamentos, como el de la creación del Fondo Autónomo del Caribe en la perspectiva de potenciar y acelerar la construcción del corredor urbano regional de la Mega-Región, como modelo de desarrollo económico nacional.