No es – como pareciera a primera vista – el título de una película al estilo “hollywoodense”. Se refiere esta expresión al monumental engaño del que ha sido víctima el pueblo colombiano por cuenta del tenebroso contubernio Santos- Timochenko.
Con la anuencia de los medios de comunicación, bien engrasada con los dineros del erario público, se le vendió a la sociedad colombiana la necesidad de apoyar la paz que se pactaría en los acuerdos con la guerrilla. Durante varios años, el ciudadano del común, que llega a su hogar después de la jornada laboral, se vio sometido a un bombardeo publicitario en la televisión, la radio y los medios escritos, anunciándole la paz que llegaría como por ensalmo, una vez se firmaran los tales acuerdos.
La triste realidad, como se puede comprobar en la letra de los acuerdos (que desafortunadamente pocos colombianos han leído), es otra muy diferente. Se entregó la soberanía a un grupo de asesinos a cambio de nada.
La primera entrega consistió en elevar a la categoría de “supraconstitucionales” los textos acordados. Quiere ello decir que ni el Congreso ni el pueblo, que es el constituyente primario y depositario único de la soberanía nacional, podrán modificar esos diabólicos pactos.
A renglón seguido se le arrebató a la ciudadanía el sagrado derecho a decidir con su voto y a que su decisión fuera respetada. Por mayoría se decidió que Colombia no refrendaba lo firmado entre el Gobierno y las Farc, en el plebiscito del pasado 2 de octubre. Pero esa “refrendación popular” que el Gobierno había prometido, y que la Corte había exigido como requisito sine qua non para el nacimiento del acuerdo a la vida jurídica, fue reemplazada olímpicamente con una proposición aprobada en el Congreso. En otras palabras, desapareció la Democracia en el mágico cubilete del binomio Santos- Timochenko.
Y no paró ahí el insaciable apetito de poder de los socios de Juampa. Ya se les otorgó un tribunal, la JEP, hecho a su medida, para absolverlos de toda culpa y empezar la persecución de todo aquél que se atreva a disentir de los acuerdos o a criticar a los criminales más abominables que el continente ha conocido.
Al partido de las Farc se le garantiza como mínimo una representación de 26 parlamentarios, millonarias subvenciones, emisoras, circunscripciones electorales donde ningún otro partido podrá realizar proselitismo, etc. Y todas estas ventajas ¿para qué? Para garantizar la conversión del país en un estado marxista-leninista, como lo ha anunciado la guerrilla en forma pública y reiterada. Ese era el verdadero fin de los maquiavélicos acuerdos, no la búsqueda de la paz, como se hizo creer a propios y extraños.
¿Han devuelto los secuestrados? No. ¿Han permitido el regreso a sus hogares de los menores reclutados a la fuerza? No. ¿Han pedido perdón por los salvajes crímenes cometidos? No. ¿Han indemnizado a sus víctimas con las millonarias sumas de dinero acumuladas en todos estos años? No. ¿Han cesado de ejercer extorsión? No. ¿Han dejado el negocio del narcotráfico? No. ¿Han entregado todas las armas que según los organismos de inteligencia podían ser 30 o 40 .000 unidades? No. ¿Han ingresado a las zonas de ubicación sus peligrosos milicianos? No. ¿Cómo puede, entonces, hablarse de paz en tales condiciones? No puede ser más patente la estafa cometida en contra de los derechos de 48.000.000 de colombianos.
No nos queda otra alternativa a los 48.000.000 de estafados con este monstruoso fraude distinta a unirnos, dejando a un lado etiquetas partidistas, afectos u odios personalistas, y trabajar por la salvación de Colombia. ¿Cómo lograrlo? Solo nos quedan tres posibilidades:1) Buscar la derogatoria vía referendo de todo lo aprobado en desarrollo del infernal acuerdo. 2) Empezar ahora mismo la resistencia civil contra este régimen que no respeta la Democracia y 3) Conformar una Gran Alianza para la Salvación de Colombia que nos permita desalojar al comunismo y a sus aliados del poder en las elecciones del 2018.