La Jurisdicción Especial para la Paz no es más que un proyecto totalmente inviable, que desconoce nuestra Constitución Política y nuestras leyes internas, como son el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, el artículo 86, el Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 1069 de 2015, el principio de cosa juzgada y seguridad jurídica, la separación de poderes, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades del sistema judicial colombiano y el derecho de igualdad, entre otros.
Así mismo, generará un gran impacto fiscal teniendo en cuenta que en éste se establece que la reparación a las víctimas la realizará el Estado, jamás se responsabiliza a las Farc de ello ni se exige entrega de bienes y dineros producto del narcotráfico; serán los colombianos de bien, que no han cometido delito alguno quienes asuman esta responsabilidad.
Ello evidencia que para el Nobel, Juan Manuel Santos, ser violador, asesino y traficante sí paga. Queda claro, una vez más, que el Congreso de la República es un convidado de piedra, utilizado para aprobar todos aquellos mecanismos necesarios para hacer cumplir e imponer el acuerdo firmado por el Gobierno Nacional y los narcoterroristas de las Farc, yendo en contravía de la decisión democrática expresada por 6.5 millones de colombianos que dijeron NO a lo acordado en La Habana.
Hay algo muy grave y es que la Jurisdicción Especial no puede constituirse en un aparato de venganza de las Farc contra civiles, militares y adversarios políticos,; así como está planteado el proyecto de ley se podría estar creando un gran riesgo y eso debe evitarse. Adicionalmente, quiero resaltar que este proyecto contiene en su texto peligrosas disposiciones, acorde a lo expresado por el Fiscal General Néstor Humberto Martínez y por la presidente de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello Blanco, tales como el hecho que las disidencias de las Farc terminen cobijadas con las penas alternativas, a pesar de haberle hecho ‘conejo’ a la negociación de La Habana.
Por otro lado, se blinda contra la extradición a todos los integrantes de las Farc sin hacer una diferencia o salvedad entre los que cumplen lo acordado, disidencias, reincidentes o perpetradores de crímenes continuados, como el secuestro o el reclutamiento de los niños. Muy grave! Debe existir absoluta claridad sobre la pérdida de beneficios para éstos.
Este no es un proyecto de justicia transicional, pues una de sus salas, la de estabilidad, será permanente pudiendo ser convocada en cualquier momento; la Jurisdicción Especial estará por fuera de la estructura orgánica de la Rama Judicial, lo cual viola la constitución y afecta el equilibrio de poderes. De ser aprobado en plenaria de Senado de la República, sin tener en cuenta las observaciones hechas acerca de los desvaríos y falencias que tiene este tema, el Congreso estaría cometiendo un atentado más contra la democracia Colombiana.