Grandes problemas podría generar en el sector palmero y en la industria, la propuesta de la CREG de implementar una nueva fórmula tarifaria y de congelar los precios de los biocombustibles, ya que esto puede constituirse en el principio de la debacle del programa nacional existente frente a la materia.
El 3 de octubre, mediante Resolución 140 de 2016, el Ministerio de Minas y Energía y la CREG, deciden cambiar de manera radical la fórmula de precios de los biocombustibles, expedida por el mismo Gobierno Nacional años atrás, para reducirlos en un 50%.
Como consecuencia de ello, decidió también congelar los precios, pasando por alto los costos e incrementos que tienen, actualmente, las materias primas que por ser agrícolas dependen de factores externos y de precios internacionales, generando así un problema de desabastecimiento de biocombustible de producción local, el cual no podría subsanarse a través de importaciones, ya que no sería rentable para los productores foráneos vender por debajo del costo de estas. Esto violaría las normas de competencia.
Sin embargo, parece que el gobierno de Juan Manuel Santos no ha medido las consecuencias nefastas que esta nueva decisión podría traer al sector; algunas de ellas serían la incertidumbre jurídica de ese cambio en las reglas del juego, establecidas en las normas existentes (Ley 693 de 2001, Ley del Alcohol Carburante, Ley 939 de 2004, Ley del Biodiesel y Conpes 3510 de 2008) y gracias a las cuales se logró generar confianza inversionista de importantes actores nacionales.
Adicionalmente, esta resolución convertiría en inviable al sector, el cual se tendría que ver obligado a enfrentarse a un inminente cierre de las plantas de producción, generando así un gran impacto social negativo al aumentarse las cifras de desempleo en el país.
Cabe resaltar, que la agroindustria de los biocombustibles ha generado 81 mil empleos directos e indirectos en Colombia justamente remunerados y que 324 mil personas derivan su sustento de esta. Por otro lado, tendría serias repercusiones en las comunidades que dependen de la industria (6.000 productores distribuidos en 20 departamentos y 125 municipios del país).
Es inexplicable por qué el Gobierno decide favorecer las políticas agrarias y metas ambientales de otros países como Estados Unidos, Brasil, Argentina y Malasia a costa de la estabilidad de un sector que contribuye a disminuir 2,5 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en Colombia, equivalentes a sembrar 190 millones de árboles anuales.
Por ello, es realmente necesario que Juan Manuel Santos, el ministro de Minas y Energía, el Ministro de Agricultura y los miembros de la CREG adopten correctivos para frenar las consecuencias de lo contenido en esa resolución y así salvaguardar la soberanía energética que le queda a nuestro país.