La alusión inicial del presidente Santos en su reciente visita a Popayán, al "pus", --ese humor espeso de aspecto opaco, que se produce como consecuencia de una inflamación--, que hace tiempo venía oliendo a basura en descomposición en muchas oficinas públicas colombianas, indica que uno de los compromisos prioritarios de su gobierno es el ataque frontal, ahora sí, a la corrupción, que sentó sus reales en el segundo gobierno de Uribe, y de la que apenas ahora comienzan a conocerse sus verdaderas proporciones.
Mayúsculas y verdaderamente escandalosas. El juicio y sentencia proferida contra el hermano del que fue ministro del Interior de ese gobierno y director seccional de la Fiscalía en Antioquia, Valencia Cossio, es apenas una pequeña muestra de la descomposición en las altas esferas del Estado. Lo de la condena al ex senador Ciro Ramírez, y la del primo del ex presidente Mario Uribe, omnipotente y soberbio cuando ocupaba la Presidencia del Senado, y tantos otros pronunciamientos judiciales que se esperan en los casos de Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado y Agro Ingreso Seguro, son una buena muestra de que estamos asistiendo al nacimiento de una era en la que la gestión del Estado se identifica con la transparencia en el manejo de los intereses públicos. Santos así lo ha entendido.
El mensaje resulta absolutamente claro, en el sentido de que no habrá contemplación de ninguna clase, ni dignidades que valgan, ni clases sociales, ni consideraciones económicas, para quienes incurran en conductas deshonestas, en las que esté comprometido el patrimonio de los colombianos. En la mayúscula tarea está acompañado por la Fiscalía General de la Nación, y de la propia Procuraduría, que comienzan a recuperar la confianza pública, ya que se encuentran sintonizadas con el nuevo ciclo histórico que ha inaugurado Juan Manuel Santos, quien, dentro de ese criterio, junto a su escudero Germán Vargas Lleras, se ha empeñado en el rediseño de la paquidérmica estructura del Estado.
Las oficinas de Notariado y Registro, para la que ahora se propone una División de la Restitución, a fin de enmendar los daños causados en el pasado, (se robaron más de 150.000 hectáreas de propiedad de los desplazados), del Inpec (con escandalosos casos de corrupción interna), del Incoder, que entregaba, igualmente, tierras de desplazados a paramilitares, sobre todo en la costa Atlántica, con la complicidad de ex funcionarios de Incora, del DAS, con sus escándalos ampliamente conocidos, la de Estupefacientes o DNE, encargada de diseñar la política antidrogas y que al terminar "administrando "los bienes incautados a la mafia, permitió, al decir de su actual Director, que se convirtiera en una especie de "guaca" para el Estado y políticos inescrupulosos, y finalmente, la del Inco-encargada de las mega obras y por ende administradora de un enorme presupuesto-, protagonista de escándalos por sobornos para adjudicación de licitaciones, son apenas la punta de lanza de la reestructuración que se pretende histórica por este gobierno. No obstante, habrá que tener en cuenta que la enfermedad no está en las sábanas. Es un asunto de principios, de ética, de respeto por lo ajeno, de compromiso con altos ideales. En este sentido, el reproche social de las sentencias judiciales proferidas hasta ahora, es un buen principio. En el Cauca está pendiente lo de Probolsa.