Escrito por:
Tulio Ramos Mancilla
Columna: Toma de Posiciones
e-mail: tramosmancilla@hotmail.com
Twitter: @TulioRamosM
Sí, ya sé lo que van a decir los que creen que “el problema es político y no jurídico”, y que el No del 2 de octubre es definitivo, más allá del Nobel y de todo lo que venga.
Que el pueblo ya se pronunció y dijo que no. Eso es cosa sabida; lo que no se entiende –o tal vez sí es entendible, pero no quiero entenderla- es que una conveniente confusión tenga más peso que la verdad en Colombia: el pueblo cerró la puerta a la implementación inmediata del acuerdo final, es cierto; pero ello no significa en manera alguna que el mismo haya perdido validez jurídica, la que le otorga el hecho de que el Estado colombiano lo haya negociado y firmado como acuerdo especial, tal y como quedó dispuesto en el penúltimo párrafo del Preámbulo del documento de La Habana. Así, si, por un lado, los pactos son para cumplirse, por el otro, la ley tiene que ser dura, y, ante todo, tiene que ser ley.
En este sentido debe analizarse la declaración de Juan Carlos Vélez Uribe, gerente del No en las pasadas elecciones, a quien se le chispotió durante una hora y media cómo fue que malamente hizo que la gente votara en contra del acuerdo. Su alegrona confesión no es una cuestión política, como él en sus devaneos pudo haber alcanzado a pensar: el haberse jactado en público de lo que considera un acto de astucia y olfato político no puede ser materia de discusión popular sobre si lo hecho fue efectivo o no, o si, incluso, es éticamente aceptable o no: ¡es un asunto que compete a las autoridades judiciales que deben velar por el cumplimiento de la ley penal! Pues la Ley 599 de 2000, Código Penal, prescribe muy claro en su Artículo 388 prisión que va de uno a cuatro años para quien cometa el delito de Fraude al sufragante; el que, para configurarse, basta con que se pruebe la comisión de una conducta que involucre una “maniobra engañosa” que genere que un ciudadano vote en uno u otro sentido en alguna de las elecciones colombianas, entre otras, las de plebiscito.
El problema jurídico en este caso es, como se ve, muy claro: ¿hubo o no maniobras engañosas en la campaña por el No en el plebiscito, dirigida por Vélez Uribe? En concreto, ¿qué dijo en entrevista periodística el interfecto? Sin interpretaciones de por medio, afirmó directamente que ellos, los del No, no hablaron nunca del contenido del acuerdo final, sino que intentaron generar indignación entre la gente, y que, para ello “[...] En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios [...]”. Ahora unamos estos dos cabos de ningún modo sueltos: ¿cómo se genera indignación “basándose” en la estratagema por él mismo referida si no es a través de mentiras? Porque mentiras fueron las que debieron de decir para ensanchar el vacío en las cabezas de los que no sabían el contenido del acuerdo. Entonces, para aclararnos, es deber de la Fiscalía contrastar el dicho de los eslóganes y pautas del No con lo que está escrito en el acuerdo final.
Ya se presentó la denuncia penal. Ya están las pruebas al alcance de todos. Ya Uribe Vélez regañó en Twitter a Vélez Uribe por no ser prudente (es decir, por decir la verdad de sus maniobras a los cuatro vientos). Ya el deslenguado renunció al Centro Democrático. ¿Y ahora? ¿Prosperará la defensa del orden jurídico, o esto también será una simple “cuestión política” del país en el que hay quienes hacen lo que les da la gana y además presumen de sus fechorías? Y no pasa nada.