Durante los días 16, 17, 18 y 19 de febrero, se llevó a cabo el primer encuentro del año 2011 de la Federación Nacional De Representantes Estudiantiles De Educación Superior (Fenares), en las instalaciones de la Universidad de la Amazonía, en el Municipio de Florencia departamento del Caquetá.
El tema central del evento se tituló "Bases para la Discusión de la Reforma a la Ley 30 de 1992" que fundamenta la educación superior en Colombia, la cual en los últimos años ha sido cuestionada por Universidades Públicas, privadas, y otros sectores académicos.
El reclamo se esboza básicamente sobre el artículo 3 de la mencionada ley, en donde se establece que es el Estado -como contempla la constitución política de Colombia-, debe garantizar la autonomía universitaria, velando por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la educación superior.
En esta ocasión, se contó con la participación del Director de Colciencias Jaime Restrepo Cuartas, la Presidenta del Icetex, Martha Lucia Villegas, el Presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), señor José Fernando Izasa y el Viceministro de Educación Superior Javier Botero Álvarez.
Este último, explicó lo que pretende hacer el gobierno en materia educativa, teniendo como base su Política de Educación Nacional, la cual debe ir enmarcada en principios tales como la igualdad y equidad en términos de participación y oportunidades, crecimiento y desarrollo social y competitividad regional para el país durante los próximos cuatro años.
Dentro de las propuestas del plan estratégico del sector educativo, el gobierno plantea disminuir las brechas en acceso y permanencia: rural - urbana, poblaciones y regiones, mediante el aumento de cobertura en educación superior, tendientes a abrir 608.000 nuevos cupos educativos, incrementando la tasa de cobertura de 37% al 50% en todo el territorio nacional.
Así mismo, el gobierno plantea reformar la ley 30 para incrementar la financiación de estudios con el apoyo del aparato estatal, pasando de 66% al 75% y de igual forma, presente aumentar los créditos educativos a largo plazo de 18% a 23%.
En este orden, el gobierno colombiano plantea ampliar y fortalecer la regionalización, mediante el incremento del 62% al 75% en Municipios con oferta educativa superior, con el propósito de disminuir la tasa de deserción intra-anual de 12% a 9%. No obstante, conviene considerar el hecho de que si bien el actual gobierno desea mejorar la calidad en educación superior en Colombia, las políticas de reforma a la actual ley 30 de 1992 no son suficiente, pensando en aquellos colombianos de escasos recursos económicos que deseen ingresar al sistema de educación superior.
Siguiendo el plan estratégico de educación superior del actual gobierno, se pretende incorporar innovación y pertinencia sobre dicha materia, mediante el aumento de 164 a 300 programas de educación superior virtual. Por tanto, en cuanto a oferta educativa, se quiere incrementar de 0.2% del PIB a un 0.7, porcentaje que de acuerdo a algunos académicos y conocedores del tema, seguirá siendo insignificante en pro de mejorar los estándares investigativos del país.
En este sentido, el presidente de la Ascun, afirmaba que es necesario el establecimiento de reglas de juego claras, mediante la creación de una ley estatutaria que permita la autorregulación de las propias universidades de tal manera que el gobierno tenga la mínima injerencia y así evitar falencias estructurales en la educación superior colombiana.
Con base en esto, el directivo argumentaba que la ley 30 no contempla un estímulo en la relación Universidad-Sociedad y esto explica el hecho de que hasta la fecha, ningún gobierno colombiano ha medido la rentabilidad del sector social en el territorio nacional. Según José Fernando Izasa, existe un problema de compensación de recursos en la ley 30; debido a que los costos universitarios aumentan constantemente y las denominadas políticas rectorales no confieren los resultados deseados, sin apoyo del Estado, para lo cual -argumenta-se debe internacionalizar la educación superior en Colombia y que de este modo, exista una verdadera transformación de la misma.
De acuerdo a la dirección financiera de la Universidad del Magdalena, para el año 2011, por concepto de transferencia de ley 30/1992 en su artículo 86, la institución recibirá por parte del gobierno nacional $33.932.865.621 equivalentes al 51.8% del presupuesto institucional. Por su parte, del gobierno departamental, recibirá $2.716.851.600, los cuales representan el 4.1% del presupuesto del alma mater. Así mismo y mediante acuerdo de pago que adeuda el departamento a la Universidad, recibirá $970.461.000 para un total de $37.620.178.221 en el presente año.
Es conveniente aclarar que la Universidad ha vuelto a recibir transferencias por parte del gobierno departamental desde 2007... (5.00%), para 2008 fueron (5.46%), 2009 (31.94%), 2010 (2.00%) y para 2011, se estima sean de (3.00%) pues han de tenerse en cuenta algunas variantes, como por ejemplo, el aporte de 2005 fue recibido en 2008, mientras que el aporte de 2006 pasó a ser entregado el año siguiente. De esta evolución de transferencias durante los últimos cinco años, resalta el hecho de que los giros por parte del gobierno nacional han estado por encima de los departamentales, registrándose para 2010 $30.745 (nacional) y $2.638 (departamental). (Dirección Financiera Universidad del Magdalena).
En términos generales y siguiendo los argumentos de la Presidenta del Icetex Martha Lucia Villegas dados a conocer en el marco del primer encuentro de Representantes estudiantiles de educación Superior, es relevante el tema de financiación de matrículas a largo plazo para estudiantes de estratos bajos que deseen entrar a la educación superior.
En resumen, si bien el deseo del gobierno colombiano radica en mejorar la calidad de su sistema educativo a nivel superior, hay que advertir que para el logro de este objetivo, se requiere aumentar considerablemente, el rubro de inversiones sobre dicho sector.