Parece que ahora sí. En estos días el Gobierno Nacional está informando al país que ha identificado un nicho perverso de corrupción en la contratación estatal con contratistas y subcontratistas corruptos.
Algunos entes gubernamentales en contubernio con copartidarios, amigos, parientes de servidores públicos, o cómplices de la más baja índole ciudadana han venido haciendo de las suyas mediante la asignación y ejecución de contratos, cuyo objeto es la prestación de servicios, de consultoría, de obras o de suministros de alimentos escolares. Sin que al parecer hayan alertado a las interventorías respectivas para valorar la calidad de lo contratado.
Estos contratos leoninos celebrados con uniones temporales, consorcios, fundaciones y otras figuras engañosas los encubren de tal manera que no dejan ver claramente si se trata de licitación pública, concurso de méritos, selección abreviada o contratación directa.
Tal parece que la figura apetecida por estos transparentes actores de contratos es la selección abreviada. Esta corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que debido a las características, circunstancias, cuantía o destinación del objeto, obra o servicio a contratar se pueden adelantar mecanismos simplificados y ágiles para garantizar el escogimiento efectivo del contratista que cumple con los requisitos exigidos por la entidad para la eventual celebración del contrato.
En algunos casos de apremiante necesidad están acudiendo a la Contratación Directa que es el procedimiento mediante el cual la entidad estatal hace conocer a dos (2) o más oferentes el objeto y las demás variables de contratación a fin de que se formulen propuestas y ofertas. Esta modalidad contractual solo procederá en caso de urgencia manifiesta, contratación de empréstitos y contratos interadministrativos.
Los funcionarios de los entes gubernamentales lo mismo que los ciudadanos conocen los intríngulis que contienen estas operaciones. Se sabe que esos habilidosos contratistas estatales solo participan en el proceso para ganar los contratos, pero no los ejecutan directamente, sino que subcontratan una o varias actividades con terceros quienes no cumplen eficazmente con las metas propuestas, pero sí participan en la repartija de los recursos como buitres.
Yo pregunto. ¿Cómo se corrige este estado de corrupción generalizado en todo el país? Nadie tiene una respuesta mágica. La inclinación orbital de Colombia no favorece su destino de transparencia en la contratación pública ni mucho menos en la erradicación de la corrupción. Pero surgen ideas, como: invertir en cultura y educación, ejemplificar valores familiares, incrementar penas legales, incentivar la sanción social, exigir mayor dinámica y eficacia de los organismos de control del Estado (contralorías, Procuraduría, personerías, veedurías ciudadanas) y algo muy importante la denuncia pública.
Claro que del dicho al hecho hay mucho trecho. Estamos anhelando algo que no es fácil lograr. No obstante, nos inquieta pensar que aún permanece en zona gris oscuro el alcance de la contratación oficial para atender a los desmovilizados y reinsertados ante la terminación del proceso de conversaciones en La Habana.
Eso que se denomina posconflicto demandará inmensa cantidad de recursos, cuyas fuentes estimadas son el presupuesto nacional y contribuciones o donaciones extranjeras que se canalizarán a través de Cooperación Técnica Internacional. Muchos corruptos, expertos en contratación pública, ya tendrán diseñada su estrategia para lograr contratos bajo cualquiera de las modalidades citadas anteriormente. Dios, salve a Colombia.