Recordaba hoy los debates que tuve en medios de comunicación cuando iniciaba la negociación de la Habana. El interlocutor -siempre distinto- me decía siempre lo mismo: que estaba especulando, que no era cierto que el proceso fuera a darle impunidad a las Farc.
Lo recuerdo vívidamente, decía que el acuerdo NO pretendía llevar a los máximos criminales de las Farc a la figuración política. Incluso me viene a la memoria alguno que me aseguró que si el proceso terminaba así, él sería el primero en oponerse. Hoy sabemos que todo lo que dije era cierto, y él sin embargo sigue considerando apropiado el resultado.
Teníamos razón al prevenir al país sobre la impunidad y el premio al crimen. Los responsables de crímenes atroces no pagarán ni un solo día de cárcel, y sin importar lo que hayan hecho tendrán -a diferencia de cualquier colombiano- la posibilidad de participar en política. Les dice a los criminales jóvenes que en unos 20 años, si el Estado no es capaz de contenerlos, podrán ellos también aspirar a negociar su impunidad.
Colombia no puede seguir en el burdo sistema de que la violencia se olvida, y ante la imposibilidad de mantener el reinado de la ley; renegociar el contrato social. El supuesto es que si se incluyen más ciudadanos, será legítimo; es una premisa falsa pues siempre hay otros que quedan por fuera, cada día nacen nuevos colombiano. Se trata de darle coherencia y continuidad a las instituciones y la ley.
Se cumplió también que las Farc no van a entregar sus multimillonarios recursos. La reparación de las víctimas quedó en manos de los colombianos que tendremos que seguir pagando impuestos para reparar los daños de las Farc, y hasta de los paramilitares.
Aún está por cumplirse la predicción de que el narcotráfico y la extorsión serán considerados delitos conexos al delito político y por lo tanto amnistiados. No sabemos exactamente como se va a considerar el secuestro extorsivo o el secuestro de miembros de las fuerzas armadas. De la entrega de armas, tampoco tenemos aún noticia.
No previmos, sin embargo, la "Jurisdicción de Paz" donde el santismo y las Farc van a establecer el procedimiento para nombrar jueces y juzgar a todos los colombianos. Por supuesto son ellos los únicos con garantías. No es aceptable igualar la sociedad y las fuerzas armadas con un grupo terrorista.
Es llamativo también que cuando se trata de disolver la culpa la negociación los incluye a todos; terroristas Farc y Paras, ciudadanos y Estado se declaran responsables; pero solo el santismo y las Farc componen la comisión de la verdad, solo ellos pueden participar en la selección de jueces. Es un proceso igual al plebiscito y al acto legislativo para la paz, lleno de trampas, hecho sin respeto por la democracia, la oposición ni el Estado de Derecho.
Las Farc nos ganaron; no falta mucho tiempo para que los niños colombianos piensen que el ejemplo de Timochenko o Marulanda son paradigmas a seguir. De aquí no surgirá la paz, todo lo contrario llevan al país a nuevas violencias.