El tema del acuerdo de la paz del Gobierno colombiano con las Farc, está destinado para ser tratado exclusivamente por especialistas, so pena de incurrir por parte de quienes nos atrevemos a hacer comentarios públicos, invadiendo su espacio, en graves inexactitudes, por la enorme complejidad del asunto, pero además, por el alto grado de reserva que han guardado las conversaciones desde que se iniciaron el 19 de noviembre de 2012, como requisito fundamental, según se dijo, para lograr resultados favorables en el proceso y terminar con una guerra de 50 años que solo ha dejado destrucción, muerte, mutilación, huérfanos y viudas, y un balance fatal de generaciones perdidas, sumidas en el desasosiego y desesperanza.
Proceso con altibajos, como era de esperarse, cubierto por una espesa neblina de desconfianza pública, alimentada, de contera, por sectores que no quieren las firmas de las partes en el acuerdo final, y los que parecerían se alimentan cada vez más por los anuncios divergentes del gobierno y de los líderes guerrilleros.
En ese contexto de ambigüedades y secretismo, se ha conocido, ya en las fases finales de las conversaciones, el documento conocido como el pacto de justicia, el cual contendría los instrumentos que serían utilizados tanto en el eventual cumplimiento de penas para los delitos de lesa humanidad cometidos por los mandos de la subversión, como los mecanismos para lograr una cumplida justicia, reparación y no repetición, en el escenario, señala el documento, de una justicia restaurativa, es decir aquella que buscaría reconciliar a las víctimas con los victimarios integralmente, suponemos, tanto en el aspecto sicológico, como económico.
Todo un novedoso escenario, se presume, particularmente en lo que atañe a Tribunales para la Paz, que implicaría un "revolcón" de carácter constitucional, sobre lo cual los colombianos saben menos que nada, precisamente por la naturaleza secreta en que los diálogos se han mantenido.
Dado el alcance histórico de los acuerdos, en el eventual caso de llegarse a ellos, es por lo que importantes sectores de la opinión colombiana, están propugnando por su refrendación publica en las urnas, para aprobar o no, el contenido de los mismos.
Es lo menos, conceptuamos, que podría esperarse, que la ciudadanía se manifieste sobre si quiere seguir viviendo en guerra, o si acepta la paz, a cualquier precio, como parece haberlo asumido el Gobierno nacional desde un principio.
Solo cuando se sepa qué es lo que ha acordado, sin eufemismos, sin mensajes encontrados, sólo en ese momento los colombianos podrán redefinir su futuro, sin sentirse, como ahora, forzados a girar, eventualmente, un cheque en blanco, sin estar en posibilidad de precaver las consecuencias. Así se trate de la Paz.