Escrito por:
Tulio Ramos Mancilla
Columna: Toma de Posiciones
e-mail: tramosmancilla@hotmail.com
Twitter: @TulioRamosM
Numerosas críticas reciben las fórmulas jurídicas para cerrar el proceso de paz con las Farc que cada tanto propone el presidente de la República. Ninguna, hasta ahora, ha colmado las expectativas de los colombianos. Me temo que ninguna lo hará. El referendo, por incomprensible, etéreo; la constituyente, por potencialmente excesiva; y el congresito, a su vez, por inconstitucional. Estas críticas, entre muchas otras.
Creo, sin embargo, que aunque debe seguir confiándose en la firmeza de la ley ganada mediante su legítima aplicación a través del tiempo (y no me refiero a las normas pétreas), algo que siempre hará falta en Colombia, es momento de tratar el tema de la paz como si de una verdadera prioridad se tratara su logro, y así, hacer del derecho un instrumento que sirva a la sociedad, y no una sociedad esclava del derecho. Porque la paz es la ley: la única razón de ser de las normas jurídicas es que vivamos en armonía.
Ninguna norma formal puede anteponerse a su propia finalidad inicial. Si eso pasa es porque, efectivamente, estamos en presencia de un muy mal síntoma: la excesiva juridización de la sociedad, sin que ello implique, necesariamente, la consolidación del imperio de la ley, y, aún más, sin que ello signifique el establecimiento de la justicia en las relaciones de los grupos sociales y de las propias personas.
Así, las formas jurídicas, tanto de legitimar socialmente el acuerdo resultante del proceso de paz en Cuba, como de posteriormente implementar el contenido de tal documento en la vida práctica, si bien deben ser jurídicas, y nunca populistas (como la barrabasada/avivatada uribista esa del "Estado de opinión"), tienen que responder en su aplicación a la necesidad histórica de cesación definitiva del conflicto, pues de lo contrario, ahí sí sería verdad, la paz conseguida sería apenas transitoria.
¿Cómo llegar a esa convicción en Colombia? No es tan fácil. No es imposible. En primer lugar, es absolutamente necesario, como lo ha repetido Santos desde el principio, vincular de alguna manera a la gente. Este acuerdo de paz pertenece al pueblo, ¿a quién si no? De manera que, a pesar de que el referendo sea un mecanismo poco práctico, ininteligible para el colombiano promedio, la pregunta popular debe de todos modos hacerse, aunque simplificada: sí, tienen razón los que promueven una nueva especie de séptima papeleta. Ahí hay combustible político fósil.
En segundo término, y una vez manifestada aunque sea emocionalmente la voluntad ciudadana en este acuerdo de voluntades colectivas, el gobierno tendrá una cuesta abajo: la forma de implementar el otrosí habanero a nuestro contrato social vigente estará dada por las nuevas circunstancias favorables a la paz: el Congreso de la República deberá dar un trámite legislativo que será por fuerza acelerado, gracias a la presión social demandante de una solución definitiva, en uno u otro sentido.
Mi punto es que no habrá necesidad de improvisar demasiado cuando la urgencia esté determinada por la realidad; por esto, el gobierno debe enfocarse en la gente y no en los políticos (congresito, constituyente, referendo…), pues estos, aunque parezca lo contrario, no son los dueños de la democracia: son apenas los escasos medios de que disponemos para intentar hacerla realidad. No hay que olvidar que así como la paz es ley, la ley es del pueblo.