Escrito por:
Hernando Pacific Gnecco
Columna: Coloquios y Apostillas
e-mail: hernando_pacific@hotmail.com
Imaginemos por un momento que se llegue al cese definitivo al conflicto armado entre el gobierno y las Farc. El postconflicto puede ser tanto o más complejo que la guerra pues, en ese escenario, Colombia necesita una reconstrucción política y un reordenamiento social de inmediata implementación y aplicación, so pena de regresar a la interminable y sangrienta guerra fratricida.
En cuanto a la guerrilla se refiere, la gran mayoría de combatientes regresará a la vida civil, unos pocos permanecerán en el monte -en posible alianza con otros grupos insurgentes- creyendo que la lucha armada es el único camino para cambiar las estructuras políticas y, unos más, acostumbrados al delito como única forma de vida, continuarán en ese camino en forma de bandas criminales, posiblemente asociados a las estructuras ya organizadas provenientes del paramilitarismo, del narcotráfico y la guerrilla misma. Este escenario, bastante probable, reduce a su mínima expresión el conflicto armado.
Mientras tanto, muchos de los jefes guerrilleros buscarán eludir la acción de la justicia por sus crímenes, unos cometidos y otros ordenados por ellos, tal vez refugiados por un tiempo largo en algún "país amigo", pero otros pondrán la cara ante la justicia en busca de la arena política para acceder posteriormente a escenarios civiles legítimos con el fin de dar sus batallas políticas dentro del ordenamiento constitucional y jurídico. ¿Pagarán cárcel? No lo sabemos, pero no saldrán librados de las correspondientes sanciones penales, algunos posiblemente con penas distintas al encarcelamiento. La Corte Penal Internacional estará vigilante al cumplimiento de dichos castigos dentro de un marco de "alternatividad penal".
Si se da paso a una comisión de la verdad, habrá una dantesca batalla jurídica, unos por hacerla efectiva y otros por evitarla. Colombia ha vivido una guerra sucia y degradada por parte de todos los actores del conflicto (armados y desarmados), en la cual muchos señores de la guerra han sacado pingues beneficios por las vías del narcotráfico, el despojo y "legalización" de tierras, el control del poder político local y sus beneficios económicos consecuentes, el tráfico de armas e insumos para la producción de sustancias ilícitas, el lavado de activos, el contrabando, la minería ilegal y otros cuantos crímenes de esa categoría.
Los actores civiles que han fomentado y patrocinado la guerra tratarán de sabotear cualquier intento por conocer la verdad y la aplicación de la justicia. Cabe esperar demandas de parte y parte ante las autoridades supranacionales en busca de la acción judicial que llegue a todos cuantos han participado en la guerra.
Si el gobierno en verdad tiene compromisos serios con la reinserción de los combatientes, debemos esperar su reintegro a la vida civil con educación y capacitación para la vida laboral, cambio de identidad y domicilio, y colaboración de los sectores económicos capaces de absorber una gran parte de la mano de obra que surja de las filas insurgentes. Incluso, por qué no, el ingreso como soldados profesionales a las filas militares de algunos exguerrilleros. Habrá población civil renuente a aceptarlos en sociedad debido al rechazo producto del terrorismo de la guerrilla contra la población civil.
Las fuerzas armadas deberán permanecer del mismo tamaño durante un tiempo prudencial, pero enfocadas en consolidar el eventual cese al fuego, y pendientes de la gran amenaza chavista de promover belicismo contra Colombia cada vez que en Venezuela surgen problemas internos serios.
Los cinturones de miseria, sino cambian las políticas sociales y policiales del Estado, tendrán una dinámica diferente, pues mucha gente regresará al campo si el gobierno aplica a fondo la ley de restitución de tierras, pero habrá luchas enconadas por su control entre bandas emergentes de la guerra y las actuales, en temas como el microtráfico y ciertos delitos "menores" pero altamente lucrativos.
La sociedad civil quedará a merced de los políticos. Para llegar a la paz, debe aplicarse a fondo la actual Constitución política, en especial la protección de los derechos fundamentales: salud, trabajo, seguridad, etc, pero sobre todo educación, educación y más educación, de calidad y enfocada a las necesidades actuales y a las proyecciones futuras de la nación, que impliquen realmente inclusión social y protección de la población vulnerable dentro de un verdadero Estado social de derecho. ¿Podemos, con ello, llegar a la anhelada paz? ¿Lo permitirán sus enemigos?