Se ve muy bonita la propaganda en televisión que la Vicepresidencia de la República ha promocionado para publicitar la campaña en beneficio propio a la Presidencia.
Lo que engañosamente se intente contradecir, en el sentido de que esa publicidad es para mostrar lo que el gobierno está haciendo en materia de infraestructura, es una manera simulada y pretenciosa de hacer creer por cierto lo que aparentemente muestra.
Debido a estos proyectos de infraestructura mostrados con tanta espectacularidad, los colombianos nos preguntamos si el gobierno nos estará metiendo gato por liebre; porque los recursos para estas obras deberán provenir de fuentes diferentes a las que normalmente conocemos como recursos del presupuesto nacional.
La revelación ha sido develada en medio de conceptos exóticos con dos figuras legales difíciles de discernir por legos en materia fiscal y presupuestal. Estas son: las Asociaciones Público Privadas APP y los Patrimonios Autónomos PA. Con estos instrumentos se están comprometiendo los recursos de la Nación, y sin que se hayan dado mucha cuenta, los recursos de los departamentos, distritos y municipios, inclusive de vigencias futuras hasta por 30 años.
Las Asociaciones Público Privadas fueron creadas mediante la Ley 1508 del 10 de enero de 2012 con la cual se permite la vinculación de capital privado, que se materializa en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos. Son una modalidad de concesiones, pero con una regulación especial. Por eso la ley precisa que las concesiones existentes antes de dicha ley, seguirán igual como se firmaron.
Algo muy importante es saber cómo deben recuperar los privados los recursos que aportan en dichas APP. Estos recursos privados se retribuirán con el derecho a la explotación económica de la infraestructura o servicio, en las condiciones que se pacten; es decir, durante 30 años. Si los recursos de recuperación por explotación no alcanzan los calculados, entonces el estado debe cubrir la diferencia con recursos propios.En Colombia sólo se pueden realizar proyectos bajo esquemas de APP cuyo monto de inversión sea superior a 6.000 SMMLV (salarios mínimos mensuales legales vigentes), es decir $3.866 millones. A pesar de que el sector público no realiza desembolsos al sector privado hasta que la infraestructura esté disponible, las entidades públicas deben contar con recursos suficientes y garantizar que cuentan con suficientes recursos futuros para respaldar el proyecto.
En Colombia la figura APP es relativamente nueva, debido a esto su puesta en práctica genera muchas observaciones. Una de las principales es que el capital privado tiene la facultad para contratar obras cuya recuperación de capital se le garantiza mediante recursos por rentabilidad del proyecto o con recursos del estado.
Las APP en algunos aspectos se asemejan a una privatización de los proyectos desde su origen. Cuestan más que la obra pública durante la vida del proyecto. Parecen herramientas para evitar las normas de endeudamiento o disposiciones presupuestales, aunque la ley expresa que las vigencias futuras para amparar proyectos de APP no son operaciones de crédito público; por eso el Departamento Nacional de Planeación DNP las presenta como el instrumento milagroso para sus objetivos.
La otra figura en cuestión es el Patrimonio Autónomo PA. En los negocios de fiducia mercantil una persona llamada fiduciante o fideicomitente entrega parte de su patrimonio a otra llamada fiduciario para que lo administre. La Superintendencia Financiera conceptúa que el patrimonio autónomo está conformado por los bienes de los aportantes y los administra una entidad financiera.
En medio de este galimatías jurídico financiero comercial están los bancos que reciben en administración los cuantiosos recursos del PA. En esta masa de bienes y recursos que aportan los privados y el estado mediante las APP están los escondrijos que la Contraloría General de la República nos debe despejar.