La situación de las desapariciones forzadas en nuestro país, no cambia; al contrario, día a día es más aguda, sin responsables por esto y lo peor, el gobierno haciéndose de los oídos sordos y echándole la culpa a gobiernos anteriores, cuando el actual debe responder por que sucede en la actualidad en nuestro país.
Como uno de los principios de los “mamertos”, es no ver lo que está sucediendo, sino echándole las culpas a otros, evadiendo su responsabilidad y agudizando los problemas, ahora el Comité de la ONU contra la desaparición forzada finalizó una visita a Colombia en la que constató que las desapariciones forzadas no son un crimen del pasado y siguen ocurriendo a diario.
En esas dos semanas, las personas con las que se entrevistaron los miembros de la ONU, transmitieron la imagen de una sociedad superada por el fenómeno de las desapariciones, que siguen ocurriendo a diario en todo el territorio nacional en circunstancias diversas. El Comité mantuvo un centenar de reuniones, visitado varios lugares de Colombia en la tercera visita después de ir a México e Irak.
Las desapariciones se siguen dando en el contexto de reclutamiento forzado, sobre todo en el caso de menores; por casos de trata de personas, en el contexto de desplazamientos forzados o migraciones, de líderes sociales o por conflictos de tierras, entre otras razones.
En estas circunstancias es de particular preocupación que no exista una visión global confiable de la dimensión de la desaparición forzada; las cifras comunicadas a la delegación oscilan entre 98.000 y 200.000 personas desaparecidas en Colombia. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, que tiene un universo de 124.734 desaparecidos, solo contabiliza los casos de antes del 1 de diciembre de 2016 y, a partir de esa fecha, es más difícil constatar cuántos desaparecidos hay.
Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, calcula que en promedio cada 36 horas desaparece forzadamente una persona en Colombia y ha documentado 1.730 casos desde 2016 al 31 de julio de 2024; además, se estima que existe un subregistro de la desaparición por diversas razones como la ausencia de institucionalidad en varias regiones, por el miedo a las represalias o la falta de confianza en la institucionalidad. Es imperativo que Colombia cuente con un registro centralizado de las desapariciones, incluso de las desapariciones forzadas.
Otra señal de alarma recogida por el Comité es la situación de las instituciones a cargo de la identificación porque los recursos materiales y humanos disponibles no permiten dar una respuesta a la demanda.
En Colombia, además de la cantidad de cuerpos sin identificar que hay en fosas comunes, cementerios, ríos, hornos crematorios y otros lugares, los organismos de búsqueda e identificación también han conseguido recuperar miles de ellos que se acumulan en depósitos o incluso hangares de aeropuerto porque no ha sido posible su identificación. No hay espacio en el país, para seguir preservando los restos o cuerpos hallados, haciéndose eco de la falta de medios de todo tipo que tiene el Instituto de Medicina Legal y la falta de profesionales capacitados para realizar el trabajo técnico forense necesario. Como consecuencia Colombia se encuentra con miles de cuerpos sin identificar en los suelos, subsuelos, pero también en bóvedas y las llamadas 'piscinas'".
Otros aspectos destacados es que hay un índice de impunidad de hasta el 98 % en casos de desaparición forzada, por lo que existe un problema sistémico que debe ser abordado desde causas estructurales; por ejemplo, algunas víctimas dicen que sus casos son archivados cuando la suerte o paradero de su ser querido no se conoce o que hay casos que primero son clasificados como desaparición forzada y luego son reclasificados como homicidios.
Por otro lado, hasta ahora las medidas adoptadas no han abordado las causas profundas de las desapariciones forzadas y en ese sentido Colombia carece de una política pública integral para prevenir las desapariciones forzadas.
Este tema tan sensible para los colombianos debe ser una prioridad en la agenda gubernativa en el cual debe emplearse a fondo, ya que el país además del sufrimiento de las víctimas y familiares, a nivel global, lo consideran en el punto mas crítico para ser evaluado como uno de los principales países en el mundo, que no cumplen con la defensa de los derechos humanos.
