Este gobierno del presidente Gustavo Petro, ya acostumbró al país a los escándalos por corrupción que se suscita cada semana, hasta que vuelva aparecer otro nuevo y de mayor cuantía y desproporción, en materia económica, que, dicho sea de paso, es uno de los sectores que más está afectado por los corruptos y chupasangre que ostentan altos cargos públicos.
No había comenzado la semana, cuando ya salió a la luz pública, el papel del Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien ahora está en el ojo del huracán, después de que su asesora principal, María Alexandra Benavides, denunciara que tanto el ministro de la cartera de Hacienda, como el ex ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el asesor, Jaime Ramirez Cobo, estaban presionando la aprobación de siete líneas de crédito, de las cuales solamente fue aprobada una, para con ello buscar, a través de sobornos y coimas, aprobaciones a diversas propuestas del Gobierno dentro de la Cámara y el Senado. El ministro ha guardado silencio dudoso, por cierto; pero, la verdad es que todos estos delitos contra los dineros del Estado deben tener un punto final, que parece no encontrar.
Ahora se da a conocer que la renuncia a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, Cicp, de los congresistas colombianos Karen Manrique y Wadith Manzur, investigados por la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con la corrupción en la entidad estatal de atención de emergencias, tiene bloqueada a esa instancia que es la encargada de avalar el endeudamiento estatal. La Comisión no pudo sesionar el lunes por falta de quórum, lo que pone en aprietos al Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, que busca la autorización en el Congreso para pedir créditos internacionales en un momento de dificultades con el presupuesto.
En sesión de la Cicp, se buscaba concepto previo para gestionar empréstitos externos por 5.000 millones de dólares del Plan Financiero 2024, destinados a financiar apropiaciones; sin quórum, no se avanzó en obtener recursos con la banca multilateral, la fuente menos costosa, queja del mismísimo ministro de Hacienda.
El escándalo por el robo de dinero público de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, Ungrd, ha salpicado a cerca de una decena de políticos que supuestamente se beneficiaron de contratos para apoyar al Gobierno en las votaciones. El exdirector de la Ungrd, Olmedo López, que es el principal implicado en la trama corrupta, ha señalado al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de direccionar contratos a seis congresistas a cambio de votos en el Congreso para aprobar iniciativas impulsadas por el gobierno Petro.
Manrique, representante a la Cámara por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, creadas para dar representación política a los territorios más afectados por el conflicto armado, guardó silencio en la indagatoria a la que fue citada por la Corte Suprema de Justicia, que investiga la corrupción en la Ungrd. A Manrique la vinculan con el presunto direccionamiento de contratos para Arauca, su departamento y, según su abogado, Andrés Garzón, la congresista decidió guardar silencio porque la Sala de Instrucción le negó la petición de aplazar la diligencia. Esta indagatoria se da porque el pasado 12 de noviembre la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra cinco congresistas y un ex representante a la Cámara por su presunta vinculación con la corrupción en la Ungrd, destapada en febrero pasado por la prensa.
Desde ahí viene se venía rumoreando, que, entre los señalados, figuraba el ministro Bonilla. El rumor finalizó y pasó a ser realidad, con las denuncias que hizo la asesora Benavides, confirmando, según ella, la intromisión del ministro de Hacienda, en la posible compra de conciencias en el Congreso de la República.
La Corte Suprema de Justicia también abrió una investigación contra los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle por este caso. El senador Name, de la Alianza Verde, y el representante Calle, del Partido Liberal, fueron acusados de los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros ya que en mayo pasado, el exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, reveló que el dinero de la entidad fue usado en 2023 para pagar millonarias coimas a Name y Calle.
Y ahí vamos, arrastrando un lastre de corrupción desde hace dos años, que además de minar la moral y la credibilidad del gobierno nacional, hace mella en el desarrollo de las políticas de gobierno y en la credibilidad del país, ante el mundo, afectando su financiación internacional.
