Definitivamente el presidente Petro está trabajando exclusivamente para que siga su sistema comunista de gobierno. Eso es lo normal en este tipo de regímenes, dado que tratan a como dé lugar de perpetuarse; así ha sido en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Para ello se valen de aquellas instrucciones claras derivadas del grupo de Sao Paulo, en el sentido de que es necesario tomarse los organismos electorales con miras a ganar las elecciones en forma general pero particularmente las presidenciales.
En nuestro caso tuvimos un aliado de Petro en la Registraduría, el señor Alexander Vega, quien a su vez consiguió los software y herramientas pertinentes para tal fin; tal situación la comentamos oportunamente, pues percibimos que nos iban a meter un gol olímpico en esas elecciones presidenciales.
El ex presidente Pastrana y la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez se expresaron categóricamente al respecto y dieron su voz de alarma la cual se extinguió, habida cuenta de que no se le dio importancia y por ende lograron su cometido los petristas y esa es la razón para que tengamos de jefe de Estado a Gustavo Petro.
Esperamos que para el 2026 no bajemos la guardia; por el contrario, todos los ojos de Colombia están sobre la registraduría. No solo el estamento político sino la sociedad entera, sus empresarios, toda la gente de bien, con el fin de que no tengamos nuevamente otra amargada y negativa experiencia electoral; sería el colmo que volviésemos a incurrir en el mismo error.
Dentro de su criterio populista y para obtener el apoyo de las regiones, este malévolo gobierno quiere enmendar la Carta Magna con el propósito de establecer una reforma al sistema nacional de participaciones.
De esa manera algunos gobernadores y alcaldes quedarían felices al otorgarles la autonomía fiscal de sus regiones y para ello es necesario aprobar un referendo, el cual requiere dos millones de firmas o sea el 5% del censo electoral, que actualmente es de 39 millones de votantes.
Ya hay 1.500.000 firmas recolectadas y certificadas. Los gobernadores piden que de los 100 billones que se recaudan anualmente por impuestos directos, por lo menos el 70% se quede en las regiones. Cada funcionario petrista interpreta ese cambio tan drástico en forma distinta y no existe unidad de criterio sobre el particular.
A diferencia de la diversidad de conceptos en el gobierno, los exministros de hacienda y viceministros y también los economistas más versados sobre el asunto se han pronunciado en contra de esa decisión del presidente Petro.
Le han enviado una carta rechazando enérgicamente ese proceder de revolcón de la Constitución, el cual a su juicio es absolutamente irresponsable. Está en riesgo la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica. Al Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, no le parece viable, por su parte el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sí se ha constituido en su promotor y defensor.
Entre los partidos políticos no existe acuerdo ya que duplica el monto, 60 billones adicionales. ¿De dónde van a salir? y ¿cómo se financian? Equivaldría a dos reformas tributarias adicionales y debe haber otras competencias a los entes territoriales.
Antes o mejor aún ahora no había traslados. En la eventualidad de su aprobación los gobernadores tendrán esa responsabilidad. Simplemente es pasar de un bolsillo a otro. No habría cómo pagar la deuda pública del 55% del PIB.
Por ejemplo, qué tal las carreteras principales en cabeza de los gobernadores, los viaductos y puentes de envergadura, las amplias vías de dos carriles. La financiación como está organizada con empresas privadas ha permitido un desarrollo en esa materia bien importante; la vía al Llano es un modelo en ese aspecto.
Los peajes son para las empresas constructoras, de esa manera se cubren sus costos. Ciertamente las necesidades sentidas de los municipios y los servicios básicos con un manejo directo darían origen a despilfarro y sobre todo a disposición de esos recursos entre los politicastros de turno. De ahí su complacencia por esta medida.
Las cosas han funcionado bien; se requiere una buena coordinación con el gobierno central; los alcaldes de las principales ciudades han manejado los recursos en forma honesta y en beneficio de las ciudades, salvo aquellos comunistas como Petro en Bogotá y “pinturita” en Medellín.
La realidad política engañosa como todo lo de Petro es conseguir el apoyo de los alcaldes politiqueros para que dispongan de esos recursos sin control y sin medida y tenerlos en el bolsillo como a él le gusta. No se está pensando ni en los departamentos, ni en los municipios y menos aún en nuestro pueblo, sino únicamente en función del interés del primer mandatario.
Infortunadamente en el Senado de la República, el ambiente es favorable, justamente por las razones comentadas.
