Buscando la prescripción

Editorial
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Para aquellos que quieren evadir la acción de la justicia, por que son conscientes de su culpabilidad, recurren a toda clase de artimañas con el fin de eludir la cárcel, que es el sitio en donde deberían estar; por ello, la justicia no debe ser ciega y no caer en las trampas que utilizan estos personajes, que solo dan mal ejemplo para que su conducta sea imitada por otros bandidos y malhechores.

Ahora se conoce que la defensa de Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente colombiano, Gustavo Petro Urrego, que enfrenta un juicio por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, pidió  la declaración de al menos 60 testigos, entre ellos, personajes de la política y empresarios. A simple vista se nota, que Petro Burgos, está jugando al alargue para que el caso se caiga en prescripción y diluirse en el tiempo evitando la acción judicial.

La diligencia, que se realizó ante el juez segundo especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó,  seguirá el próximo miércoles y de seguro, ahí se conocerán las nuevas acciones que tomará Petro para defenderse de lo indefendible y seguir en su camino de impunidad, después de casi dos años de conocerse uno de los mayores escándalos financieros en la historia del país.

Según las pruebas de la Fiscalía, Petro Burgos supuestamente se apropió de dineros que terceros aportaron a la campaña presidencial de su padre en 2022, tal cual lo denunció su ex esposa, que fue testigo presencial de los hechos y ha aportado todas las evidencias, que al final fue lo mismo para el caso de Petro Burgos, quien muy habilidoso y escurridizo de la acción judicial, pidió a través de su abogado Diego Henao, que encabeza la defensa del hijo del presidente, la declaración de su actual pareja, Laura Ojeda, y de su expareja Daysuris Vásquez, quien entregó a la fiscalía las pruebas que ahora quiere refutar Petro Burgos.

La defensa del acusado también pidió las declaraciones del empresario Alfonso Hilsaca y su hijo Gabriel Hilsaca Acosta, principales financiadores económicos de la campaña de Petro Urrego; de Samuel Santander Lopesierra, llamado 'El hombre Marlboro', y de su hija Mónica Lopesierra, así como la del presidente de la petrolera estatal Ecopetrol, Ricardo Roa, que fue gerente de la campaña presidencial de Petro, y amigo personal del presidente y quien manejó los dineros recaudados por Nicolás Petro con estos personajes de dudosa reputación. Igualmente pidieron las declaraciones de quien fue coordinador político de la campaña de Petro en el departamento del Atlántico, Máximo Noriega, amigo personal del presidente, y del empresario Cristian Daes.

La audiencia había sido suspendida el pasado 5 de agosto debido a que se consideró que no había quedado completo el descubrimiento probatorio por parte de la fiscal del caso, Lucy Marcela Laborde, que reemplazó al anterior fiscal, Mario Burgos. Burgos fue retirado del proceso después de que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial formuló tres cargos contra él por dos faltas gravísimas y una falta grave por filtrar a medios de comunicación videos grabados durante la investigación al hijo del presidente y por presiones indebidas en su interrogatorio.

Vale la pena recordar algo sobre este fiscal, quien adelantó  una valiente investigación por el asesinato del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, llevando esta investigación a buen término, faltando solo una parte del proceso.  De forma sorpresiva, el fiscal Burgos fue relevado del caso, a lo que la esposa de Pecci, Claudia Aguilera, se pronunció en contra y solicitó a la fiscalía colombiana, que tuviera en cuenta lo exitoso que había sido la labor del fiscal, en el caso del asesinato de su esposo.

El hijo mayor del mandatario colombiano está procesado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público, cargos a los que la Fiscalía ha sumado la violación de datos personales, ya que el año pasado, cuando comenzaron las investigaciones en su contra, era diputado de la Asamblea del Atlántico. Después de ser detenido en julio del año pasado, el hijo del presidente Petro reconoció, según la Fiscalía, que recibió dinero para la campaña del ex narcotraficante Samuel Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso 'Turco' Hilsaca.

La Fiscalía asegura que Nicolás Petro ocultó y encubrió sumas de hasta 500 millones de pesos, entregados por políticos como Máximo Noriega, señalado de ser el intermediario entre presuntos narcotraficantes y el hijo del presidente. Parte de ese dinero, supuestamente, entró a la campaña Petro Presidente en 2022, aunque Nicolás Petro aseguró en una entrevista con la revista Semana que el mandatario no lo sabía. Esta afirmación, sólo recuerdan el tristemente célebre Proceso 8000, donde el ex presidente Ernesto Samper, también utilizó esa frase “todo fue a mis espaldas”, para evadir su responsabilidad en la entrada de dineros del narcotráfico a su campaña presidencial; posteriormente, con el tiempo, Samper fue absuelto y siguió en el poder.

Así va a suceder con Nicolás Petro, que tiene ubicada su residencia en Barranquilla con detención domiciliaria desde mediados del año pasado, a pesar que se le vio viajando a Cancún y desarrollando toda clase de actividades familiares,  recreativas y deportivas, sin ninguna clase de restricción.

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