En medio de una guerra protagonizada por los grupos alzados en armas, las disidencias, los clanes y el surgimiento de otras vertientes de generadoras de violencia, el gobierno nacional, tuvo, al menos, la decencia de reconocer la gravedad de la situación de los líderes ambientales en el país después de que un informe de Global Witness colocara a Colombia como la nación más letal para defender la naturaleza, con 79 asesinatos en 2023, y agregó que estos no pueden ser un botín de guerra.
Es muy difícil tratar de alcanzar una paz esquiva, que el gobierno desde un principio llamó paz total, por que no hay una estrategia clara, definida y específica, de cómo plantearle a esos determinadores de la violencia, las propuestas gubernamentales para que los colombianos, tengamos una paz verdadera, justa y reparativa a las víctimas, algo, que, al parecer, no va a cristalizarse en este periodo presidencial, a pesar que fue un de las banderas que más enarboló el actual presidente, para llegar a la primera magistratura del Estado.
Pero bueno, hay que comenzar por algo. El Gobierno nacional reconoce la grave situación que deriva de conflictos socioecológicos asociados al narcotráfico, prácticas extractivistas vinculadas a economías ilícitas y a la reconfiguración del conflicto armado, donde se ocupa el deshonroso primer lugar en asesinatos que ocupa Colombia. Que tristeza, en el gobierno de la paz y de la inclusión, como ellos dicen ser, tenemos este sitial en el mundo en donde se reconoce a Colombia, como país que no protege a los defensores de la naturaleza y de paso a los ciudadanos
En este sentido, se debe tener en cuenta para mitigar y detener este flagelo, dentro de una estrategia integral para garantizar la vida y la seguridad de las personas defensoras del ambiente, un trabajo transversal, donde se involucre varios ministerios, como los de Interior y Defensa, junto con diversas entidades del Estado. Además, la cartera de Ambiente, debe incrementar el presupuesto asignado a la protección colectiva, mientras que la de Interior incrementar su financiación de la Dirección de Derechos Humanos en cerca del 400 %, dinero destinado a la instalación de la Mesa Nacional de Garantías, que abordará los problemas que derivan en el asesinato y las agresiones contra defensores.
Cualquier herramienta se debe utilizar como mecanismo mediante el cual el gobierno debe fortalecer sus herramientas para enfrentar de manera decidida este flagelo, cambiando la situación y brindando garantías a los líderes en su defensa del ambiente, porque la naturaleza y sus defensores no pueden ser un botín de guerra.
Según el informe de Global Witness, en 2023 Colombia fue nuevamente el país más peligroso del mundo para defender el medioambiente y la naturaleza pues 79 personas que ejercían este liderazgo fueron asesinadas, una cifra que supone el 40 % de los homicidios de líderes ambientales en el planeta. Además, esta cifra es la más alta registrada en un país desde que Global Witness comenzó a monitorear en 2012 las amenazas y homicidios de líderes ambientales. En poco más de una década, 461 defensores han sido asesinados en nuestro país que tiene ahora el mayor número de asesinatos documentados entre 2012 y 2023.
Mucho se espera de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, COP16, que se llevará a cabo del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2024 en Cali, cumbre sobre la biodiversidad de más alto nivel en la que, entre otros, se espera que se aborde la protección a los líderes que defienden la naturaleza.
