No solamente una treintena de ex mandatarios iberoamericanos pidieron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, la captura y detención inmediata del presidente venezolano Nicolás Maduro, de su número dos Diosdado Cabello y de toda la cadena de mando del país, sino también el mundo entero, que ve con asombro cómo avanza el tiempo y el dictador sigue tan campante en el poder, como lo hacen los tiranos.
Los venezolanos del común, los que a diario viven la tragedia de un gobierno desastroso, los que votaron por un cambio y los que sueñan ver libre y democrática a su Nación, como también el mundo político, esperan que algún día, tarde que temprano, Maduro y su corte, abandone el poder y Venezuela pueda salir de este periodo oscuro y lóbrego.
Ahora, por primera vez, 31 expresidentes, exjefes de Estado de América Latina y España, firmaron un documento pidiendo la captura y detención inmediata de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y toda la cadena de mando en Venezuela, en un informe jurídico de seis páginas a la Fiscalía de la Corte. Entre los firmantes también están los españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy; así como los colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque; el argentino Mauricio Macri; el mexicano Vicente Fox y el boliviano Carlos Mesa.
La importancia de este documento radica en que recoge el sentir del mundo político sobre la situación que vive Venezuela, después de la elección fraudulenta del presidente de la república, según el resultado emitido por el Consejo Nacional Electoral; igualmente es transcendental este documento por qué se debe resaltar que en España firmaron Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy, el único expresidente que no lo firma es José Luís Rodríguez Zapatero.
Los firmantes, que forman parte de Iniciativa Democrática de España y las Américas, Idea-Democrática, denunciaron en su informe jurídico violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, incluidos los crímenes de lesa humanidad, del régimen venezolano de Nicolás Maduro, al que acusan de terrorismo de Estado; Maduro es capaz de eso y mucho más, ya que su permanencia ilegal en el poder, le ha dado autoridad para cometer todo tipo de violaciones y desmanes, contra el pueblo venezolano.
Esta denuncia, que se hace extensiva a los miembros del Ejército venezolano por ser el soporte fundamental del régimen de Maduro, se suma a la causa abierta contra Venezuela en la CPI en 2021; en noviembre de ese año, la fiscalía de la CPI abrió una investigación formal contra Venezuela después de haber examinado las denuncias de Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay, asegurando que en el país se habían cometido crímenes de lesa humanidad desde el 12 de febrero de 2014. Por ahora, la investigación se lleva a cabo contra Venezuela y no contra ningún alto cargo del país latinoamericano.
El núcleo del informe jurídico presentado por los ex líderes iberoamericanos se centra en la existencia de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se sancionó el 29 de enero del 2020, que nombra a Maduro comandante en jefe, de tal forma que desde entonces es la máxima autoridad jerárquica del Ejército, según contempla la ley. Lo anterior es importante porque, de acuerdo con ese documento, Venezuela deja de ser un Estado civilista para convertirse en un Estado militar y Maduro, en sus funciones de comandante supremo, es directamente responsable de lo que está sucediendo a través de la cadena de mando operacional, así como los demás cargos, ya que la diligencia debida hoy ya no es una excusa para que le eximan las investigaciones.
Hay un terrorismo de Estado promovido directamente por el presidente venezolano y el grupo Idea se ha puesto a la orden para conseguir evidencias, pruebas, respaldo legal para que se pueda actuar rápido en la causa contra Venezuela, así como lo desean los ciudadanos de ese país.
En esta reunión, con el fiscal Karim Khan en la sede de la CPI, donde se presentó el documento, se llamó también la atención de lo que estaba pasando en el país hermano y de la preocupación que existe por la seguridad de los líderes opositores venezolanos, Edmundo González y María Corina Machado, cuya situación es muy frágil, así como de los más de 1.200 detenidos políticos por querer exigir que Venezuela regrese a la democracia.
