Los colombianos tienen bien claro que los corruptos deben ir a la cárcel y pagar por sus crímenes, aunque sea hijo del presidente de la república, caso que debe ser ejemplarizante, ya que se supone que el entorno familiar del primer mandatario, debe, al menos, dar ejemplo de honestidad y verticalidad; es así, y partiendo de este derrotero, que los corruptos, los que se adueñan para sus bolsillos los dineros del Estado, deben ser castigados con ejemplaridad, para que aquellos que quieran ensuciarse las manos, al menos lo piensen dos veces.
Se ha demorado la fiscalía general de la Nación en definir el caso de Nicolás Petro Burgos, quien, a pesar de estar detenido en su casa, lleva una vida de recreo, sin prohibiciones de ninguna naturaleza y todo esto pagado con los recursos del Estado, los cuales él mismo malversó y ahora disfruta a manos llenas, hasta llegar a disfrutar de todo tipo de lujos, como seguir en clases de tenis. Si la Fiscalía no le temblara la mano, ese corrupto ya estuviera tras las rejas pagando por sus delitos y no disfrutando de una vida plena, sin ninguna clase de restricción, como sucede en la actualidad.
Otro de los grandes casos de corrupción, es el generado por el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, Olmedo López y el exsubdirector para el Manejo de Desastres de esta entidad, Sneyder Pinilla, que, además de representar un peligro para la comunidad, ha generado el peor caso de corrupción en la vida republicana del país, que nace desde las mismas oficinas del Palacio de Nariño. Este caso merece capítulo, por lo voluminoso del expediente, por las personalidades de todo tipo involucradas, desde congresistas hasta ministros, por las denuncias que se conocen día a día y todas ellas derivadas de la plata que se robaron en la Ungrd.
La justicia colombiana, no deben quedarse solo con la solicitud de la Fiscalía basada en simples sospechas carentes de respaldo, sobre estos delincuentes que orquestaron todo este entramado criminal; por el contrario, existen suficientes elementos de juicio que, sometidos al criterio de la razonabilidad, sirven al propósito de fundamentar la medida de aseguramiento solicitada, contra estos delincuentes de “cuello blanco”. El pasado 25 de julio, la Fiscalía imputó a López y a Pinilla los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.
Las investigaciones de la Fiscalía aseguran que López y Pinilla y el contratista Luis Eduardo López se habrían apropiado de cerca de 9.000 millones de pesos de los 14.163 millones de pesos a los que ascendió el sobrecosto en la compra de 40 carrotanques para el suministro de agua potable para La Guajira, cifra que de seguro crecerá a medida que se conoce las sustanciosas “coimas” pagadas a políticos que aprobaron las reformas órdenes desmedidas del gobierno Petro y emitidas desde el mismo palacio presidencial.
El caso comenzó en febrero al destaparse la malversación de 46.800 millones de pesos, en la compra por parte de la Ungrd de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas de La Guajira. En la audiencia con la Fiscalía, se presentó un organigrama que vincula al actual director del Departamento de Función Pública, César Manrique, como uno de los líderes de la red criminal; la acusación aseguró que Manrique, junto con López y Pinilla, supuestamente participó en la desviación de recursos destinados a la atención de desastres en Colombia. Según ha reconocido Olmedo López, esta red estaba destinada a apropiarse de los fondos provenientes de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras, ANT y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo. La organización criminal no ha sido desmantelada por completo. Estando en libertad pueden estar en contacto con los otros miembros de la organización y por ello se esta en mora de mandar a la cárcel a estos bandidos. Lo más triste en este caso es que habrán hechos que no se conocerán y que pasarán inadvertidos y sin castigos, ya que Pinilla ha reconocido en un interrogatorio que borró chats, en tanto que la Contraloría alertó de la pérdida de 96 cajas con material que puede servir de prueba en el juicio. Los dos exdirectivos de la Ungrd utilizaron la actividad política para realizar alianzas con otros funcionarios del Estado y con particulares sabiendo las graves consecuencias que su conducta podía ocasionar para la seguridad pública.
Mientras continúa la investigación dirigida a desarticular esta organización criminal, que busca cambiar las decisiones del pueblo colombiano, y que se habría apoderado de la contratación en la Ungrd, el Juzgado 35 con Función de Control Garantías de Bogotá decidirá la solicitud de medida de aseguramiento (cárcel) formulada contra los imputados por la Fiscalía. La audiencia iniciada este miércoles fue suspendida y continuará el próximo 31 de agosto, en donde los colombianos esperan ver, tarde que temprano, a los implicados en este caso de corrupción. A todos sin excepción.
