Avances reales

Editorial
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Esto es lo que le falta al gobierno del presidente Petro, que enarboló la bandera social con la palabra “cambio” y que con el transcurso del tiempo, el significado de la misma se diluyó entre tanta corrupción, podredumbre y escándalos que destapan multimillonarias defraudaciones al Estado colombiano.

El “cambio”, para este gobierno, se quedó ahí, escrito y muerto; ahora, los líderes y lideresas sociales de los departamentos del Putumayo y Caquetá, sur de Colombia, denunciaron  el incremento de violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, DIH, en esa región y reclamaron desesperados por un avance real en los diálogos de paz.

Los verdaderos y reales portavoces de los intereses y el bienestar de sus comunidades, insisten en la necesidad de que las delegaciones de gobierno y los grupos armados avancen en los acuerdos para la protección de la vida y acuerden un cese al fuego y de hostilidades de manera multilateral, que abran el camino hacia la concreción de alivios humanitarios en sus territorios.

Más de veinte líderes de los dos departamentos se reunieron en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá para pedir al Gobierno que tenga presencia en los municipios más asediados por grupos armados ilegales. Allí reiteraron su preocupación por las amenazas a la dignidad humana, la autonomía y democracia que sufren los hombres, las mujeres y niños de varios pueblos como Solano, en Caquetá, u Orito, en Putumayo, dos de los quince municipios más afectados por el conflicto durante el primer trimestre de 2024.

En concreto, Putumayo registró 26 eventos violentos de los cuales cuatro fueron violaciones al cese al fuego; por otro lado, en el Caquetá, se registraron 22 violaciones al cese al fuego protagonizadas por el Estado Mayor Central, EMC, la mayor disidencia de las Farc, que está dividida en una facción que sigue negociando la paz con el Gobierno y otra que no.

Hay que reconocer que este grito de ayuda de los líderes y lideresas debe ser escuchado por más sordo que sea el gobierno nacional, más cuando es necesario ante la grave situación de riesgo y vulneración de los derechos humanos y ambientales en estos territorios y el poco avance en la implementación integral del acuerdo final de paz.

Mientras el gobierno siga en el “tire que jale” con el tema de la paz, en donde ha perdido bastante espacio y tiempo, hay que detener el asesinato de dirigentes sociales y apoyar para que se pueda tener desarrollo en el trabajo de la comunidad y poder accionar en el departamento de forma libre.

La mala situación social que enfrentan las mujeres del sur de Colombia, necesita de acciones concretas para salvaguardar la vida de las mujeres, ya que el incremento de las violencias de género en el departamento del Caquetá es altísimo,  refiriéndonos  al aumento de feminicidios, así como a casos de violencia sexual y de género.

En los primeros meses del gobierno de Gustavo Petro se instaló en Caquetá una mesa de justicia de género, pero tras un año, no se han visto avances y por el contrario, se acentúa cada día más la ausencia de un Estado presente, participativo y activo, en pro del beneficio de las comunidades de estos departamentos afectados por la violencia, que sí hace presencia y en forma asesina en la región.

Los habitantes del sur de Colombia tienen el tiempo en contra y viven una realidad de la que no pueden escapar; por esto, no se pueden dar el lujo de esperar la denuncia que va hacer el presidente Petro ante la ONU, en donde declarará que el gobierno que él mismo preside no ha sido capaz de cumplir con el Acuerdo de Paz. Ojalá que también reconozca, su incapacidad para dirigir unos diálogos certeros y serios, que conduzcan a la verdadera paz, tan anhelada y cacareada por él mismo.



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