Muchos son los mensajes que deja entre el tintero, el hundimiento de la reforma a la salud, propuesta por el gobierno del presidente Petro y uno de ellos, el más peligroso, es la retaliación o venganza que ejerce el presidente aprovechándose de su poder.
Y la venganza contra el pueblo colombiano continua; después de haber intervenido las dos más grandes EPS del país, Sanitas y la Nueva EPS, que funcionaban normalmente, de acuerdo con lo expresados con los usuarios, ahora la salud de los colombianos esta en manos del presidente Petro y de su descomedido ministro de Salud, Alfonso Jaramillo.
El hundimiento en el Senado de la reforma a la salud presentada por el Gobierno es la peor derrota legislativa sufrida por Petro y envía un mensaje sobre la necesidad de buscar consensos con las distintas fuerzas políticas para evitar nuevos reveses en el Congreso, a sabiendas, que la reforma pensional, esta también jugándose la vida.
El proyecto de reforma, que a finales del año pasado había pasado la prueba de fuego en la Cámara de Representantes, se quedó en un crucial debate en la Comisión Séptima del Senado, donde nueve de sus 14 miembros votaron a favor de una ponencia para archivar definitivamente la iniciativa y cinco lo hicieron en contra; el archivo de la reforma de la salud se refleja y se recoge en las voces de tantos actores que durante el último año insistieron en la inconveniencia de este proyecto para el sistema de salud, para los usuarios y en general para la operación cotidiana del sistema.
Pese a que el Gobierno dialogó con los distintos sectores políticos, científicos y empresariales sobre la reforma sanitaria, no aceptó incorporar los cambios que se le sugirieron a esa iniciativa para facilitar su aprobación en el Congreso y el resultado fue el hundimiento y ahora la venganza de la intervención, para crear una crisis innecesaria y poder hacer a sus caprichos la reforma.
Es evidente que el sistema necesita cambios, pero debe ser un esfuerzo conjunto y transparente y nunca acabar con lo que está construido, al contrario, mejorarlo. El presidente, sus ministros y los congresistas de la coalición del Pacto Histórico, deben entender que las soluciones surgen del diálogo abierto con la ciudadanía, no a puertas cerradas y repartiendo favores, para ganar adeptos a las propuestas descabelladas del gobierno.
Colombia en su historia no había tenido un proceso con mayor destrucción de capital social e institucional que durante estos 14 meses de trámite de reforma a la salud y las intervenciones que se han hecho. El fracaso de la reforma ocurrió un día después de que el Gobierno interviniera por un periodo de un año a la entidad prestadora de salud Sanitas, que tiene 5,7 millones de afiliados, por supuesta insolvencia, lo que también ha sido motivo de numerosas críticas a la administración Petro. Y posterior a esto, el mismo gobierno en su venganza contra el pueblo colombiano, hizo lo mismo con la primera empresa prestadora de salud, la Nueva EPS, con más de 10 millones de afiliados.
Estamos en el limbo: Las mayores EPS del país intervenidas, la reforma de salud hundida, no hay plan C y se configura un escenario caótico en que se hará solo lo que el Gobierno quiera y eso va a ser la retaliación.
La venganza se completó con el anuncio del presidente Petro, cuando afirmó, el miércoles, que con el hundimiento en el Senado de su controvertido proyecto de reforma a la salud, las empresas prestadoras de ese servicio quebrarán y hará de golpe la transición hacia un nuevo modelo.
Los comentarios del presidente Petro, sobre las intervenciones a las empresas prestadoras de salud, siguen despertando el temor a que recurra a una maniobra fuera de la institucionalidad pues la intervención en Sanitas y en la Nueva EPS es interpretada como un intento de aplicar por decreto lo que no pudo con el intento de reforma de la salud.
Si Gustavo Petro y sus ministros pretenden imponer a la fuerza una reforma archivada por el Legislativo, entran de lleno en el campo del código penal, violan la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos; el abuso de poder y el rompimiento de la separación de poderes son la antesala de las dictaduras, lo que más le gusta a los gobiernos progresistas, como el actual.
Ahora quedamos en manos del Consejo de Estado, que debe revisar la legalidad de los actos administrativos con los que se está estatizando la salud.