Lo que sucede en este país, bajo este gobierno, es insólito e inaudito, más cuando se está cumpliendo con la ley y el mismo presidente de la república, destituye al funcionario por considerarlo traidor, cuando lo que estaba haciendo era, defender los intereses del país y cumplir con sus obligaciones legales e institucionales.
El presidente Gustavo Petro, acusó de traición al secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, por adjudicar a la compañía Thomas Greg & Sons el contrato para la fabricación de pasaportes, razón por la cual lo destituyó. Así era la rabia y la ira presidencial, que de una destituyó al funcionario, por que, a consideración del jefe de Estado, primero había que defender al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, de la investigación en su contra, que fue, precisamente, la adjudicación de la licitación de pasaportes, en donde hay todo un lío jurídico, familiar e institucional.
Es así, que, cumpliendo la sanción de la Procuraduría, al separarse Leyva del cargo, por múltiples razones y dudas, la agencia de defensa del Estado recomienda zanjar el lío jurídico y económico que formó el mismo Leyva y firmar la nueva licitación para el contrato de fabricación de pasaportes a Thomas Greg & Sons, la firma que se ha encargado de hacerlos durante 17 años, tras varios meses de polémica en los que la licitación fue suspendida varias veces.
El secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, firmó la resolución debidamente respaldada por la Constitución y las leyes, decisión que se conoció apenas cuatro días después de que la Cancillería anunciara que se suspendió la nueva licitación para contratar la fabricación de pasaportes hasta tanto se revisen más de 550 observaciones hechas a los pliegos preliminares, por las partes interesadas.
La Procuraduría General de la Nación suspendió el pasado 24 de enero por tres meses al entonces canciller Álvaro Leyva Durán, por las posibles irregularidades ocurridas durante la licitación del contrato para fabricar pasaportes.
En septiembre pasado la Procuraduría abrió una investigación contra Leyva por presuntas irregularidades en la anulación de la licitación para expedir los pasaportes y hoy se encuentra respondiendo por sus actuaciones en este lío de la licitación de pasaportes. Como se recordará, el secretario Salazar, era el encargado de la pasada licitación, pero luego fue apartado por orden de Leyva, quien el 13 de septiembre de 2023 terminó declarando desierto el proceso tras argumentar que se violó la igualdad y equidad en la participación de todos los oferentes; la semana pasada, Murillo le reasignó el caso de los pasaportes.
En medio de toda esta maraña que se constituyó el proceso, la luz salió al final del túnel y ahora, ya firmado el nuevo contrato y despedido el funcionario, se pasa a una nueva etapa.
“Si es el resultado de cumplir estrictamente con la Constitución y la ley, me voy feliz. Después de hacer un estudio minucioso del tema de las normas constitucionales y de contratación estatal, encontré que no era viable mantener en vigencia la decisión del canciller Leyva”, dijo el secretario Salazar, al ser notificado, por el mismo presidente, de su insubsistencia. Se fue con orgullo, con decisión, con rectitud, con la sapiencia de saber que estaba haciendo la correcto, y por ello, no le duele dejar el cargo, como debe suceder con todos los funcionarios públicos; Salazar, es un ejemplo de la forma cómo deben proceder los funcionarios públicos.
