El Salvador se prepara para un nuevo Gobierno de Nayib Bukele, quien cosechó una aplastante victoria frente a los candidatos de la oposición, asegurándose así el mandato en el período 2024-2029, en la que supone la primera reelección presidencial desde que el país centroamericano dejó una dictadura militar y a pesar de la prohibición constitucional.
Tras una jornada marcada por el rompimiento del silencio electoral por Bukele, señalamientos de irregularidades, el fallo en la transmisión de datos y agresiones contra la prensa, el mandatario deberá esperar hasta el 1 de junio próximo para retomar el poder, al menos oficialmente.
El Congreso, de amplía mayoría oficialista, le dio una licencia de seis meses que termina el 30 de mayo, mientras que sus funciones de gobernante las ha asumido la encargada del despacho presidencial.
Después de una conferencia y un discurso en el que se autoproclamó ganador, Bukele no ha dicho más que a El Salvador le sigue una etapa de prosperidad tras arrancar el cáncer de las pandillas; se desconoce si hará ajustes en su gabinete o lanzará alguna nueva política en la brevedad. Sin decir si buscaría o no un tercer mandato, Bukele sostuvo que El Salvador no necesita una reforma constitucional que incluya la reelección indefinida.
Bukele, de 42 años y empresario de la publicidad, comienza su carrera electoral en 2021, supera la supermayoría de legisladores. Esto le permite al partido oficial elegir a magistrados de la Corte Suprema, fiscal general, procurador de Derechos Humanos, magistrados de la Corte de Cuentas, procurador general y comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública.
En el Congreso actual, que está formado por 84 diputados, la oposición tiene un 20 % de los escaños y en la nueva legislatura, que será de 60 tras una reforma promovida por Bukele, tendría el 3 %.
En El Salvador, el consenso entre analistas, críticos, académicos y activistas es que Bukele impone sus decisiones sobre los órganos Legislativo y Judicial, lo que se extendería por 5 años más; la última instancia de control en la que le podría quedar espacio a la oposición es el Tribunal Supremo Electoral, TSE.
La legislación salvadoreña le otorga la presidencia del TSE al partido ganador de las presidenciales, dos magistrados al segundo y tercer lugar y dos más a la Corte Suprema de Justicia. Si bien los representantes son propuestos por los partidos, es el Congreso quien los vota. La oposición prácticamente no tendría ningún espacio para incidir en términos institucionales de toma de decisiones, sino que pueden jugar un rol de denuncia, de señalamientos.
La composición del Congreso en la legislatura actual y la próxima le permitirían al oficialismo aprobar reformas constitucionales y ratificarlas a partir del 1 de mayo próximo.
Bukele puso a El Salvador en la agenda por mucho más que por ser uno de los países con más homicidios del mundo; convocó un régimen de excepción que va camino de cumplir dos años en vigor para batallar a las temidas y violentas maras, que azotaban a los ciudadanos de bien, llegando a crear climas de violencia intolerables, y logró pacificar el país.
Ahora El Salvador es un nuevo país, visto por inversionistas extranjeros que quieren invertir en el, para catapultar el desarrollo hacia un futuro cierto, a todos los salvadoreños. Para ello, y para acabar con la violencia, construyó una megaprisión para pandilleros y disparó la tasa de encarcelamiento, y de paso se ganó el respeto de su pueblo que respira con mayor tranquilidad, ahora en la era Bukele.
