Uno de los delitos más doloroso y censurables es el secuestro. Desgraciadamente los grupos delincuenciales de mayor criminalidad lo practican en todas partes del mundo, pero en Colombia han sido las guerrillas comunistas de la Farc y del ELN, las que lo han practicado.
El artículo 215 de nuestro Código Penal tipifica el delito de secuestro extorsivo y lo califica como una privación ilegal de la libertad personal y en consecuencia se considera como una violación de los derechos humanos. La pena es de prisión de 10 a 15 años y en otras legislaciones penales la sanción de prisión es de más años.
Acabamos de vivir el drama de la familia del padre del futbolista Lucho Diaz, a quién los malhechores del Eln lo tenían secuestrado buscando una recompensa de varios millones de dólares. Ciertamente el país y el mundo no solo protestó por tal hecho delictivo, sino que exigió su entrega inmediata; afortunadamente, después de 12 días en cautiverio lo entregaron a la comisión creada para tal fin.
El presidente Petro y su ministro de defensa no permitieron su rescate a pesar de que el comandante del Gaula Militar estaba muy cerca del grupo que lo tenía secuestrado y estaba dispuesto a ejecutar la operación pertinente. Empero su iniciativa no la autorizaron; pero, lo peor del caso es el hecho real de que esa guerrilla helena sigue secuestrando argumentando de que requieren hacerlo para efectos de su sostenimiento. ¿Qué tal el cinismo?
Más aun cuando tenemos pleno conocimiento de que sus ingresos mayores son producto del narcotráfico. Esos forajidos están de socios con el Cartel de los Soles en Venezuela, con miras a la explotación de la cocaína y también de las minas. Les sobra, por consiguiente, el dinero y por ello han podido comprar muy buen armamento, servirse de drones y continuar en la actividad que les gusta y saben hacer cual es la delincuencial.
El problema serio es que el presidente no tiene autoridad moral para combatir el secuestro dado que en el M-19 tuvo a su cargo a los secuestrados y se caracterizó por su crueldad en el tratamiento con ellos. O se presumiría de que esa experiencia como secuestrador sería un plus para el manejo de estas situaciones y la realidad nos muestra todo lo contrario y ahora se le está saliendo de las manos.
Lo irrespetan tanto el Elncomo las disidencias de las Farc. Lo desmienten y hacen lo que se les da la gana y el gobierno deja translucir de que lo sacaron del escenario. Es tan preocupante la situación de que el ministro del interior, Luis Fernando Velazco, tuvo la osadía y la irresponsabilidad de afirmar, sin dudarlo, de que es necesario encontrar una fórmula con vistas a financiar al Eln para que de esa manera no siga secuestrando; es decir, obedecer o cumplir las exigencias de los helenos.
Esa actitud laxa y permisiva ha dado origen al incremento de los delitos primordialmente el secuestro. El ministro Iván Velásquez, de defensa, así lo reconoce y la medida que está en mora de tomar el ejecutivo en cabeza del presidente Petro es sencillamente gobernar.
Romper los diálogos con el Eln y con las disidencias y proceder a ejercer la autoridad persiguiendo, capturando y dando de baja cuando sea necesario a los integrantes de esta delincuencia organizada. Para eso están las autoridades militares y policivas y no se puede como está sucediendo de que el país esté en manos de los bandidos por negligencia gubernamental y por frenar o atar de manos a la fuerza pública.
El presidente Petro por su conducta personal del mal ejemplo, su pésimo comportamiento, su falta de transparencia ha perdido la credibilidad; le está quedando grande la conducción del Estado colombiano.
El expresidente Alberto Lleras, señalaba que “de que un jefe de Estado siempre debe ser ejemplarizante. Mostrar un trabajo diario con rigor y austeridad”. Esas reglas del buen gobierno hacen contraste con aquello que hoy se exhibe con el actual mandatario.
