Surge una nueva alarma que sigue alertando sobre el triste impacto de los refugiados venezolanos en Colombia, que se llega a comparar con la cifra de migrantes de ese mismo país, que huyen en busca de una nueva oportunidad de vida.
En esta ocasión es Amnistía Internacional, AI, que advirtió que el número de venezolanos reconocidos como refugiados en Colombia hasta junio pasado es bajo si se compara con la cifra total de migrantes que hay en el país andino.
Ahora bien, si bien las personas solicitantes de la condición de refugiado están protegidas contra la devolución a su país de origen, no tienen el derecho de trabajar, lo que sin duda se convierte en un obstáculo para la supervivencia de las personas con necesidad de protección internacional en el país. Según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, Plataforma R4V, Colombia es el país que alberga el mayor número de ciudadanos del país caribeño.
Esta población alcanzaba unas 2.477.588 personas; sin embargo, si se tiene en cuenta la información recopilada por el Migration Policy Institute, esta cifra llegaría a 2.894.593 y representa el 40 % de las personas venezolanas refugiadas en América Latina y el Caribe y el 93 % de las personas extranjeras en Colombia. De ese total, apenas 47.796 personas venezolanas han realizado solicitudes de asilo entre 2016 y 2022, de las cuales sólo fueron otorgadas 1.367.
Durante la presidencia de Iván Duque, en el año 2021, fue creado el Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos, ETPV y a él, hasta octubre de 2022, habían accedido 1.627.005 personas lo que dice de la importancia de este estatuto que recibió el beneplácito y el mejor de los homenajes de las principales organizaciones mundiales, que manejan el tema de los desplazados migrantes a nivel mundial.
Este mecanismo ofrece una solución durable en tanto otorga a las personas venezolanas un estatus migratorio regular por 10 años, e incluso les permite luego optar por otros tipos de residencia, así como les autoriza a trabajar y acceder a servicios de salud y educación.
Es lamentable, que por cuestiones burocráticas las demoras en el proceso para acceder al estatuto, sea una talanquera que ha impuesto el gobierno actual, ya que las admisiones se demoran o son superiores a un tiempo de un año y más si no sean rechazadas personas que habían sido sancionadas por infracciones no penales también conocidas como medidas correctivas. Sin duda causan preocupación los reportes de personas obligadas por personas funcionarias a desistir del ETPV por tener pendiente una solicitud de asilo o a la inversa, en tanto puede dejar a las personas venezolanas desprotegidas. En estos casos, la autoridad nacional debe tomar una decisión al respecto ya que sin duda alguna, desvirtúa el espíritu de dicho estatuto.
El gobierno colombiano debe garantizar el derecho de solicitar el reconocimiento de la condición de persona refugiada para todas las personas venezolanas, incluyendo el acceso efectivo y sin demoras al procedimiento; igualmente, debe estudiar en forma concienzuda si los venezolanos deben retornar de forma forzada a su país y sin respetar el principio de no devolución en todas las circunstancias y también que todos los venezolanos puedan solicitar tanto el acceso al ETPV como al asilo y el Estado colombiano no los presente como excluyentes.
