La verdad, en medio de toda una tormenta mediática que vive el país por el caso de la niñera y de la ex super potente secretaria privada de la presidencia, no se sabe lo que está detrás de todo este embrollo, que sigue sin destapar el verdadero origen o motivo de la pelea entre dos funcionarios del altísima confianza y de primerísimo nivel, del presidente Gustavo Petro.
Lamentablemente, el cinismo también hace parte de todo este triángulo de chuzadas, dinero indebido, delitos contra la administración pública y demás por enumerar y que toda la ciudadanía conoce; pero, el cinismo del ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, es lo más de los más en este proceso, en donde hay bastante tela que cortar y deberían rodar muchas cabezas del gobierno, desde el propio Mindefensa, hasta el director de la Policía Nacional, William Salamanca, que no sabían nada de nada, como cosa rara. Ambos deben ir a control político, porque se pasan la pelota de quien dio la orden para chuzar a la niñera, Marelbys Gómez.
Velásquez Gómez, muy convenientemente, se lava las manos y ordena una investigación interna en la Policía para saber quién mandó interceptar ilegalmente el teléfono de Meza, señalada como autora de un hurto. Ahora, aducen, tanto el ministro como el general, que todo fue a sus espaldas; como en el caso Samper, en donde entró un elefante a una cristalería y nadie se dio cuenta. Nadie vio.
Lo más grave, es que queda confirmado que las chuzadas están al orden del día desde el Palacio Presidencial y de nada sirve una investigación interna para conocer quién dio la orden de realizar interceptaciones ilegales, si todos los colombianos ya saben quiénes las dan.
La mente y la inteligencia, muchas veces son utilizadas maquiavélicamente; los colombianos se quedaron mudos cuando el Fiscal, Francisco Barboza Delgado, explicó la forma como consiguieron las autorizaciones de la Dijin, para chuzar el teléfono de Marelbys; hicieron un montaje perfecto, involucrado a la niñera en una investigación en el Chocó sobre las operaciones del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país. Este es un hecho realmente lamentable, porque la interceptación de ese tipo no es una labor que corresponda a un investigador de Policía Judicial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijin.
La Policía también publicó un comunicado en el que confirmó la interceptación telefónica dentro una investigación que un fiscal había autorizado el 26 de enero; sin embargo, 72 horas después el analista solicitó, ante la autoridad competente, cancelar la línea del proceso investigativo argumentando que no correspondía a la motivación fundada.
La Fiscalía debe proceder a tomar las decisiones judiciales en los próximos días; este caso es no solamente aberrante desde el punto de vista judicial, sino que pone a Colombia en el peor escenario histórico del país, que es la violación de derechos humanos.
El ente investigador y acusador también deberá llamar a interrogatorio y en algunos casos a imputación de delitos a todos los responsables de estos hechos que involucran un presunto hurto, prácticas que fueron denunciadas esta semana y que se añade a algo que es grotesco en el país, que son que las 'chuzadas', como se conoce a las interceptaciones ilegales y por aquí deben desfilar, todos, todos, todos los implicados, como también los funcionarios públicos de alto rango y confianza.
