Colombia se sitúa en el tercer puesto de crisis humanitarias más desatendidas del mundo, lista en la que entró por primera vez porque en el país hay 7,7 millones de personas con necesidades humanitarias insatisfechas lo que dice que seguimos cojeando en este tema, en donde supuestamente, iba a ser solucionado, al momento mismo de asumir la presidencia, Gustavo Petro Urrego.
La realidad es otra; el país que él prometió se está alejando cada vez más; esta clasificación pone en evidencia el incremento de las necesidades humanitarias a medida que el prolongado conflicto sigue desplazando a miles de personas. Al mismo tiempo, Colombia acoge a cerca de 2,5 millones de personas venezolanas que huyen de la creciente crisis humanitaria de ese país. Esta desatención no es inevitable, es una elección. En el país hay 7,7 millones de personas con necesidades humanitarias y es muy preocupante que los donantes internacionales sólo financien un poco más de un tercio de los fondos necesarios para cubrir las necesidades más básicas de la población. Asimismo, también queda de manifiesto la escasa cobertura mediática sobre asuntos relacionados con el desplazamiento en Colombia.
En 2022, el número de personas desplazadas asociadas con el conflicto y la violencia en Colombia fue uno de los más altos en más de una década: a finales de 2022 había 4,8 millones de personas en situación de desplazamiento como consecuencia del conflicto y la violencia, mientras que casi seis millones de personas siguen viviendo bajo la influencia de actores armados no estatales
La financiación total del plan de respuesta humanitaria de Colombia fue de 108 millones de dólares en 2022, de los 282 millones de dólares solicitados, lo que hace que la respuesta solo esté financiada en un 38 %. La lista anual de las crisis se basa en tres criterios: financiación humanitaria inadecuada, falta de atención mediática y ausencia de iniciativas políticas y diplomáticas internacionales.
Burkina Faso encabeza la lista de las crisis de desplazamiento más desatendidas del mundo, seguida de la República Democrática del Congo; tres países latinoamericanos se situaron entre las diez crisis humanitarias más desatendidas del mundo, pues junto a Colombia también estuvieron El Salvador y Venezuela.
Ahora bien, el año pasado fue, una vez más, un periodo negro para quienes dedican su vida a defender los derechos humanos y sus territorios en Colombia, pues hubo 197 asesinatos de personas defensoras, un 42 % más que en 2021. Esta cifra es casi igual a la cifra del 2020 cuando se registraron 199 asesinatos, el número más alto de personas defensoras asesinadas en un año.
Sigue siendo de suma preocupación la persistencia de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales y en especial el incremento de un 42 % de los asesinatos en el 2022 en relación con el 2021. En 2022 se confirmó una tendencia de persistencia de la violencia selectiva en el país, ya que además de los asesinatos se produjeron 840 agresiones de diferente tipo que muestran la diversidad de hechos violentos a los que se enfrentan los liderazgos sociales y las personas defensoras de derechos humanos.
Es así que se reconoce que todas las formas de violencia son graves y generan afectaciones a las vidas de quienes defienden los derechos. Que este tipo de casos siga incrementándose preocupa porque decenas de personas siguen siendo asesinadas cada año y los procesos sociales de los que hacían parte se ven seriamente afectados sin que existan medidas efectivas para frenar esta situación.
El año pasado fue un año de transición o cambio de partitura, donde el gobierno del uribista Iván Duque, cuyo partido se opuso al acuerdo de paz con las Farc, dio paso al primer presidente de izquierdas de Colombia, Gustavo Petro, lo que no ha supuesto, como resaltan, una bajada en la muerte de defensores.
El Gobierno de Petro tomó este panorama "a ritmo de jazz", como una forma de mostrar los giros inesperados y desafíos que implica explorar con todas las estructuras armadas al margen de la ley posibilidades para que dejen de serlo, con miras a desescalar el conflicto y así disminuir en lo inmediato las agresiones que sufren las comunidades.
Es así que nos encontramos en un interludio en el que la melodía es diferente a la que sonaba en años anteriores, más calmada, más esperanzadora; pero, eso no quita que, 2022 fue el más cruel para los líderes sociales en cuanto a cantidad de asesinatos.
El gobierno nacional debe tener una fuerte voluntad política, para hacer frente a la situación, con políticas como el plan de emergencia para la protección para personas defensoras, de liderazgos sociales y firmantes de paz. Estas políticas, no se han trasladado a los órganos de control e investigación. La Fiscalía, por ejemplo, no avanza lo suficiente en la investigación de los asesinatos y otros órganos, como la Procuraduría continúan en deuda con la situación.
Entonces, es necesario una evaluación conjunta entre organizaciones y el Gobierno del impacto real de su implementación para hacer los ajustes y cambios que se estimen pertinentes en el marco de la paz total.