En un país considerado como potencia mundial de la vida por el presidente Gustavo Petro y la vicepresidente Francia Márquez, es irrisorio, grotesco e incompresible, que 15.400 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado entre enero y mayo de este año, situación que afecta principalmente a los colombianos en general y a los habitantes del Pacifico
Los enfrentamientos entre actores armados ilegales, las amenazas, los homicidios y la presencia de los grupos ilegales en los territorios son las principales causas para que las comunidades se desplacen y entre los departamentos más afectados por desplazamientos masivos son Nariño, con 17 casos colectivos; Valle del Cauca, 10; Chocó, 4 y Cauca, 3, todos ellos de la Costa Pacífica y le siguen Caquetá, Bolívar, Arauca, Norte de Santander, Vichada, Vaupés, Antioquia, Meta y Córdoba, con un desplazamiento cada uno.
Este reporte sobre desplazamiento muestra que los grupos armados ilegales deben dejar por fuera de las acciones bélicas a la población civil, y es necesario e indispensable verdaderos gestos que permitan avanzar en la paz nacional.
Los enfrentamientos entre grupos armados son la principal causa para que las comunidades se desplacen, con 25 de las 43 situaciones; luego siguen las amenazas, con ocho, y los homicidios y la presencia de grupos armados en diferentes zonas del país, con cuatro casos cada uno y febrero fue el mes en el que se presentaron más desplazamientos, con 13 casos.
Cuando hay un desplazamiento forzado de la población no solo se produce miedo y zozobra en las comunidades sino que también se afectan los derechos a la alimentación, la vivienda digna, al trabajo y a la educación, y se pone en condición de vulnerabilidad a las comunidades que lo padecen.
Desde el inicio de su campaña presidencial, el actual Jefe de Estado, se ufanaba en afirmar que desde el mismo día de su posesión, la paz sería un tema principal y se daría principalmente gracias al cese de los hostigamientos y asesinatos por parte del Ejército Nacional de Liberación, Eln, que, dicho sea de paso, con su accionar guerrillero demostraron lo contrario y hoy en día, ya el presidente firmó el decreto en donde cesa unilateralmente el cese al fuego, con ese grupo al margen de la ley. ¿Entonces, dónde está la paz total? ¿El país potencia mundial de la vida? Seguramente, en la mente de los gobernantes de turno y quienes creen en sus ideas progresistas.
La guerrilla día a día crece, se fortalece, avanza en su camino destructor, mientras las Fuerzas Armadas están amarradas y sin poder responder, por orden del mismo presidente.
Este avance arroja, no solo desastre y destrucción, en las personas que sufren la situación de desplazamiento; el grupo Zijin-Continental Gold, de capital chino, urgió una intervención inmediata del gobierno colombiano en la mina de Buriticá, de su propiedad y ubicada en Antioquia, por los constantes ataques que sufre, que han dejado dos muertos y más de 14 heridos.
La intervención en Buriticá, la mina subterránea de oro más importante de Colombia, es urgente tras los ataques, porque además la situación se debe verificar con la mayor prontitud, ya que existe una gran cantidad de colombianos que están amenazados y pueden emprender el peligroso y sinuoso camino del desplazamiento.
Según Zijin-Continental Gold, el lunes uno de sus colaboradores resultó herido tras haber sido alcanzado por un disparo y este martes ocurrió un nuevo hecho delictivo en uno de los túneles de la mina de Buriticá, en el que fue incendiado un vehículo robojet Alpha 30 y sufrió daños un camión. Esta situación se suma al atentado del pasado 17 de mayo, en el que fallecieron dos empleados de empresas contratistas y resultaron heridas otras 14 personas, incluidos cuatro miembros de la Policía Nacional.
Las actividades de minería ilegal no han parado en ningún momento y, por el contrario, han intensificado su agresividad mediante la utilización de explosivos, detonaciones y armas. En este contexto, hay que hacer un enérgico llamado al Gobierno para que tome acciones efectivas e inmediatas con el fin de retomar el control territorial en Buriticá. Esto garantizará los derechos a los trabajadores de la compañía, de las comunidades y de las mismas personas que adelantan actividades de extracción ilícita en la zona, quienes están expuestos a condiciones infrahumanas que también ponen en riesgo su propia integridad.
Las minas son un objetivo habitual de grupos armados ilegales que perpetran ataques contra este tipo de infraestructuras y muchas veces son rechazadas por las comunidades ya que causan daños ambientales.
